El pleno de la Cámara chilena de diputados votará el jueves próximo la acusación constitucional contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la represión desmedida contra el movimiento social.
Los factores presentes en los acontecimientos recientes y actuales en Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile y el papel de Estados Unidos y la OEA en la región fueron los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes.
El Senado de Chile firmó la noche del miércoles un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público con el objeto de avanzar en el proceso de reunificación social, e instó al Gobierno a implementar una agenda de profundos cambios estructurales.
Tras 40 días de fuerte represión policial a manifestantes y más de 11 mil 500 heridos, el gobierno de Chile admitió a regañadientes la violación de derechos humanos y consideró necesaria una reforma de Carabineros. Desde que comenzó la revuelta social el 18 de octubre último, organismos de derechos humanos y el clamor popular han denunciado esos abusos.
La Fiscalía de Chile informó que abrió 26 investigaciones por muertes que sucedieron durante las manifestaciones que la población ha protagonizado desde hace un mes en contra de las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera.
Bajo una fuerte represión, las manifestaciones continúan en Chile a un mes de iniciarse el estallido social en reclamo de mejoras sociales que solo reciben tibias respuestas del gobierno para apaciguar el malestar popular. Desde que se produjo el estallido social el 18 de octubre, el país ha vivido innumerables sucesos, con protestas sociales casi constantes, la declaración del estado de excepción, toques de queda, desmanes, violaciones de los derechos humanos por las fuerzas policiales y el ejército.