Con el Decreto ley número 310, que entró en vigor a partir de este primero de octubre, se modifica el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Esta disposición legislativa, ajustada al nuevo escenario económico y social del país, amplía las competencias de los tribunales municipales para dirimir los delitos sancionables hasta ocho años de privación de libertad, ya que antes estaban solo facultados para los que comprendían hasta tres años.