En la Mesa Redonda se analizó la importancia de las costas para el país, el ordenamiento y las regulaciones en las zonas de playas, las ilegalidades que se han cometido y su enfrentamiento, con la participación de directivos del Instituto de Planificación Física.

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda ^[1]

Fotos: Roberto Garaicoa

Unos 900 kilómetros de nuestras costas están bendecidos por más de 400 playas ^[2], una bondad de nuestra naturaleza dispuesta al disfrute de los cubanos. Sin embargo, de las 242 estudiadas por nuestros investigadores, el 86 por ciento tiene un alto grado de erosión. Esta dolorosa circunstancia ha exigido que se diseñe con rigurosidad un programa para la recuperación y mantenimiento de nuestras playas, el cual lidera el Instituto de Planificación Física.

El máster Carlos Manuel Rodríguez explicó en la Mesa Redonda de este martes que en nuestras costas existe una amplia diversidad de ecosistemas ^[3], pero que son las playas los más sensibles, porque tienen características muy especiales: las tenemos con dunas, algunas adosadas a acantilados, en tanto otras poseen lagunas interiores… y lo que más preocupa es el retroceso de esta línea de costa por la acción irresponsable del hombre. Como dato para tener en cuenta, hay unos 49 asentamientos que están ubicados en localidades identificadas como playas en nuestro país.

En su opinión, las construcciones en áreas de dunas de arena son de las acciones más perniciosas, por lo que hay que controlarlas y evitarlas. “Y son frecuentes las construcciones sobre las dunas, las cuales deterioran considerablemente las playas, por las alteraciones que provocan en las corrientes marinas”.

En su oportuna disertación puntualizó que la duna puede tener 40 metros, pero tiene después su zona de protección. “En unos 80 metros no se puede construir. Pero las medidas no se pueden tomar ortopédicamente, porque cada playa tiene sus propias características, ya que la naturaleza es muy rica. El decreto del Instituto de Planificación Física ^[4] ofrece líneas generales, pero cada caso debe tener un estudio particular, aunque no se es permisible con la posibilidad de construir sobre la duna”.

También llamó la atención sobre el cambio climático, un evento que está conceptualizándose a largo plazo, pero del cual ya se identifica su impacto. “Provoca elevación del nivel del mar, erosión de las costas y dilatación de los océanos. De hecho, en Cuba se calcula que suba unos 27 centímetros en 2050 el nivel del mar ^[5], y en 2080, se prevé suba unos 85 centímetros. Estas previsiones permiten medir que unos 122 asentamientos pueden verse afectados, y 21 de forma total. Por lo que hay que tomar acciones preventivas de recolocación, y realizar obras de protección… Porque hay localidades que tienen que tener determinadas instalaciones, pero hay que tomar medidas para que el ascenso del nivel del mar no constituya un problema de tipo económico”.

Otra de las autoridades del Instituto de Planificación Física, Gumersindo Casanova, se detuvo en las regulaciones que norman la acción del hombre en nuestras playas. Entre lo establecido legalmente mencionó la Constitución de la República, la Ley de costas, la Ley de medio ambiente y el Decreto-ley sobre la gestión de las zonas costeras.

“La Constitución, dijo a grandes rasgos, establece que el Estado ejerce soberanía sobre los recursos que son de todo el pueblo. La Ley del medio ambiente, en tanto, establece promover la participación ciudadana en función del desarrollo sostenible y el desarrollo de la conciencia en función de ello. Mientras el Decreto-ley puntualiza que la utilización de la zona costera será libre y de forma gratuita, en actividades que no ofrezcan daños, y a su vez establece que el Instituto de Planificación Física dirige, formula y controla el urbanismo en la zona costera”.

Sobre las contravenciones, argumentó que existe el Decreto-ley 211 en materia de medio ambiente, en el cual se consideran negativo alterar o destruir los hitos de las señalizaciones, hacer muros de contención, cementar los senderos, interrumpir o limitar el derecho de paso, uso o disfrute; o construir una instalación, excepto las previstas y autorizadas como corresponde.

Ibis María Cuestas se detuvo en que en nuestros polos turísticos, por su importancia relevante, se ha revisado su ordenamiento urbanístico ^[6]. “La legislación es clara sobre lo que se puede construir en la zona costera y todo lo concerniente a su protección, así como es específica en el tipo de infraestructura técnica con la cual se puede construir: el tipo de materiales, la forma, la estructura, cómo deben ser los viales…”.

Al hablar de los retos que supone este trabajo, precisó que lo más complejo son las construcciones y las afectaciones de la población que se asienta en esta zona,  lo que acelera la erosión de las costas y los efectos del cambio climático, con su consecuente impacto en la economía y en la recreación de la población. “Por ello tenemos que seguir intensificando lo que estamos haciendo desde el planeamiento, y perfeccionar los instrumentos en el ordenamiento de los 73 municipios que tienen playas”.

Las regulaciones, detalló, basadas en normas técnicas y jurídicas, orientan, por ejemplo, la acción constructiva, ya sea por un apersona natural o jurídica, para preservar los valores medioambientales, urbanísticos, arquitectónicos.

“Desde el decreto se establece muy claramente que no se puede construir, con excepción de las instalaciones que por su uso pueden estar localizadas allí, como las bases náuticas, las marinas, las hidroeléctricas… es decir, solo las de usos obligatoriamente asociados a las zonas costeras y que tienen sus propias especificidades de construcción. También las regulaciones urbanísticas establecen la forma en la que se puede construir: preferentemente estructuras ligeras, con materiales naturales, se tienen que adecuar al entorno, deben ser sobre pilotes…”.

Rubén Darío Morfa, al frente de la inspección en el Instituto de Planificación Física, alegó que los documentos jurídicos nos han permitido tener los planes integrales de enfrentamiento, y dentro de ellos está lo concerniente a las zonas de playa. “Hasta este momento hemos realizado más de 800 inspecciones en las playas, porque se ha visitado más de una vez la misma playa. La mayor cantidad de ilegalidades (más de 5 000) que hemos visto, generalmente la dirección de la provincia la ponen en un plan de medidas para su erradicación. Eso ha permitido que nos queden pendientes unas 993 ilegalidades por erradicarse”.

El directivo sostuvo que en la última inspección lo que más se detectó fueron los cimientos y escombros de inmuebles demolidos. Al tiempo que resaltó que las provincias que más han avanzado son Holguín, Villa Clara, Granma y Cienfuegos.

El máster Carlos Manuel Rodríguez explicó en la Mesa Redonda de este martes que en nuestras costas existe una amplia diversidad de ecosistemas, pero que son las playas los más sensibles.

Otra de las autoridades del Instituto de Planificación Física, Gumersindo Casanova, se detuvo en las regulaciones que norman la acción del hombre en nuestras playas.

Rubén Darío Morfa, al frente de la inspección en el Instituto de Planificación Física, alegó que los documentos jurídicos nos han permitido tener los planes integrales de enfrentamiento, y dentro de ellos está lo concerniente a las zonas de playa.

Ibis María Cuestas se detuvo en que en nuestros polos turísticos, por su importancia relevante, se ha revisado su ordenamiento urbanístico.