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Prever y enmendar para exitoso impacto de ordenamiento de la comercialización de productos agropecuarios (+ Fotos y Video)

Publicado el 19 mayo 2016 en Mesa Redonda,Economía,Temas Nacionales

Las vulnerabilidades a las que se expone el comprador con los problemas del pesaje y la ausencia de identificaciones en los mercados, la desconfianza sobre la labor de Acopio entre otras cuestiones fueron abordadas en la Mesa Redonda de este jueves por directivos involucrados en la puesta en marcha de esta decisión gubernamental.

Por: Luis Eduardo Domínguez y  Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda [1]

Fotos: Roberto Garaycoa

Las vulnerabilidades a las que se expone el comprador con los problemas del pesaje y la ausencia de identificaciones en los mercados, la desconfianza sobre la labor de Acopio, y que estos precios desestimulen a la producción, son algunas de las preocupaciones entre cubanos desde que el pasado 3 de mayo entraron en vigor nuevas medidas centradas en el ordenamiento de la comercialización de varios productos agropecuarios [2] en todo el país, con el objetivo de contribuir al aumento gradual de la capacidad de compra del peso y de proteger al consumidor y a los productores agropecuarios.

Estas y otras miradas fueron abordadas en la Mesa Redonda de este jueves por directivos involucrados en la puesta en marcha de esta decisión gubernamental, y en los pasos que se continuarán dando para perfeccionar el ordenamiento de la comercialización de estos productos.

Estas decisiones, amparadas en las Resoluciones 157-C y 162 del 2016, del Ministerio de Finanzas y Precios [3], establecen, entre otros aspectos: precios máximos de venta a la población de productos agrícolas seleccionados, que se corresponden con los productos de primera calidad. A los de segunda se les aplica un descuento del 20 por ciento y a los de tercera un 40 por ciento. En estas Resoluciones igualmente se precisa que los precios tienen en consideración las épocas de cada cultivo.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Sobre la realidad del pesaje, que de no ser correcto contrarrestaría el efecto del poder de compra con la disminución de los precios, Yosvany Pupo, director del Comercio Minorista en el Mincin, agregó que el tema de la gestión metrológica es compleja, porque es de los asuntos más sensibles que afectan a nuestra población.

“Conscientes de ello, se está trabajando en la reparación y mantenimiento de las pesas disponibles en el mercado minorista, y para ello se han hecho contratos con varias industrias, así como para la calibración y verificación de las unidades de pesaje. Además de ello, se harán inversiones para palear la insuficiencia de estos equipos en la red”, aseguró.

Reconoció también como otro problema la identificación de la red minorista de mercados. “Hemos acordado la identificación de los mercados estatales, los gestionados por las cooperativas no agropecuarias y los mercados de oferta y demanda, a partir de los manuales de identidad creados por el propio Ministerio. Es cierto que hay que acelerar este proceso de identificación para hacerle más viable el reconocimiento de los lugares a los consumidores”, destacó.

Aclaró que en las provincias los mercados estatales son gestionados por Acopio y hay puntos de venta que son abastecidos por la Agricultura, que tienen este encargo y se acogen a las Resoluciones adoptadas recientemente.

Sobre las posibles brechas para la estafa de parte de los comercializadores, destacó que hay medidas de carácter organizativo, que tienen en cuenta la participación de las direcciones integrales de supervisión, en función de fiscalizar que en las pizarras se ponga el precio que se corresponda con lo que pague el consumidor.

Insistió en que les corresponde potenciar las medidas de protección al consumidor. “Y aunque ahora no tenemos posibilidades para acceder a un grupo de pesas digitales, hemos habilitado teléfonos en las direcciones de Comercio donde pueda acceder el cliente y tramitar sus quejas”.

RECUPERACIÓN DE ACOPIO

Jorge Félix González, directivo de la Unión de Empresas de Acopio, reconoció que hoy este sistema no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir a cabalidad su encargo estatal. “Por ello, paralelo a que se activa el papel de Acopio, se reordena el sistema: se crean condiciones logísticas –transporte, almacenes mayoristas- y se reestructura toda la red de compra, para estar más cerca del productor. Hoy esta carencia se está resolviendo con la integración con los territorios, y se prevé redireccionar parte del transporte de Azcuba para Acopio.

También, dijo, es indispensable el fortalecimiento de esta logística para acompañar el aumento de la contratación y los incrementos productivos: “este año se han contratado más de 336 mil toneladas de viandas, y se han incrementado en un 4 por ciento, respecto a 2015, las hortalizas”.

Destacó que una vez que se realiza la contratación y el ratificado de esa contratación se puede planificar con más coherencia la logística necesaria. “Esto, por ejemplo, nos ha permitido avizorar un crecimiento de las producciones de col y de boniato en Mayabeque y en Artemisa”.

Igualmente puntualizó que han hecho un reordenamiento de los puntos de Acopio, y se ha previsto que los márgenes comerciales sean factibles desde el punto de vista de la comercialización.

Sobre la relación de pago a los productores, especificó que existe una Resolución que establece los procedimientos para acceder a los recursos presupuestarios, como el fondo rotatorio, que les permite comprar a 180 días sin intereses, y lograr una solvencia económica de la Unión y hacer factible el pago a los productores.

EL CAMPO DECIDE PRECIOS

En estas Resoluciones igualmente se precisa que los precios tienen en consideración las épocas de cada cultivo: la óptima, donde los rendimientos son superiores; y fuera de esta, en que disminuyen.

Julio Martínez, delegado de la Agricultura en La Habana, explicó que existen las condiciones para producir y contratar, teniendo en cuenta que la agricultura es una especie de industria a cielo abierto, que es estacionaria y responde a la calidad del suelo. “Ahora estamos en un cambio de época, terminamos la de frío y comenzamos la etapa de primavera, donde hay que tener estrategias de cultivo más resistentes a las lluvias y a las mayores temperaturas. Esto implica que hoy lo que más se va a encontrar es el boniato, la calabaza, la col, la berenjena, las habichuelas, el quimbombó…”.

Argumentó que aunque tengan medios para cultivar determinadas producciones fuera de su tiempo natural, como casas de cultivos protegidos y semiprotegidos, esto no garantiza el abastecimiento para todos los mercados.

Igualmente se detuvo en el papel de balancista que le corresponde a la Agricultura, para distribuir con lógica las variedades de productos, porque hay empresas especializadas en determinados cultivos. También las cooperativas que administran mercados tienen la responsabilidad de tener variedad, y si no los cultivan pueden contratarlos a terceros para que tengan surtidos sus mercados.

En La Habana, por ejemplo, existen mayormente producciones de hortalizas y de frutas, y les hemos dicho que pueden vender en sus puntos de venta otras producciones, cumpliendo lo indicado en la resolución 157.

PRECIOS A PRODUCTORES

Sobre la preocupación de si estas Resoluciones afectarán las ganancias de los productores y desestimularán su labor, Silvio Gutiérrez, director del Departamento de Agroindustrias en el Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró que se hicieron estudios sobre los costos más generales que pueden tener nuestros productos agrícolas, estación por estación, lo cual fue la base conceptual para establecer estos nuevos precios de 26 productos, de los cuales ya había 12 con precios fijados centralmente por el Ministerio de Finanzas y Precios.

“Es importante que se sepa que este fue uno de los asuntos que con más tiempo se trabajó por los ministerios de la Agricultura y el de Finanzas y Precios. Y las Resoluciones de Finanzas y Precios son prácticamente un reclamo de los productores, para que se les fijara un precio centralizado de los productos”, acentuó.

Del tema de los costos, subrayó que lo esencial son los insumos y la fuerza de trabajo. “Estos precios que se aprobaron se basaron en insumos que se redujeron en un 30 por ciento y en el hecho de que el combustible estaba a 3 pesos y ahora está a 2. Son reservas que tienen los productores en los costos. Se consideró, además, el costo de la contratación de fuerza de trabajo, a razón de unos 60 pesos como mínimo.

“Asimismo, cada producto tiene su ficha de costo. Y hubo que tomar esa estructura técnica de esa ficha de costo, que se llevó a un costo por hectárea y se identificaron determinados rendimientos. Si hay un adecuado abastecimiento de insumos, puede llegar a 25 toneladas por hectárea la producción de boniato, si es regular, a unas 20, y si es insuficiente a unas 17 toneladas. Esa lógica de análisis nos llevó a la formación de precios.

“Ello puede que le permita tener más ganancias a algunos, y al chapucero, que no cumple las normas técnicas, puede que no cubra ese precio. Pero se ha hecho un proceso de mucho intercambio, y en general se considera que los precios sí pueden ser valiosos”, explicó.

Ante la interrogante de por qué no bajan los precios de la carne de cerdo, aseguró que la Resolución no está cerrada. “El tema de la centralización de otros productos se está evaluando, no es algo detenido, e informamos que otros productos pueden incluirse en esta lista”.

CERRANDO BRECHAS

Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Gobierno en La Habana, precisó que se han tomado un grupo de acciones para evitar las ilegalidades y que se desvirtúen los efectos de las medidas.

“Con los carretilleros se han asumido un grupo de decisiones en el enfrentamiento a la ilegalidad, porque hemos comprobado que más del 64 por ciento de ellos son personas que ejercen sin estar autorizados. También se han enfrentado actuaciones que tienen que ver con malos tratos, imposiciones”.

Mencionó que se procura que los carretilleros no incurran en estacionamientos innecesarios y hagan puntos fijos mal ubicados. “Igualmente hay violaciones de peso que han sido enfrentadas para ir ordenando el proceso. Y no se trata de satanizar a los carretilleros, porque hay quien lo hace muy bien, sino de ordenar el proceso  en el que ellos participan”.

Como parte de la hoja de ruta de trabajo, mencionó la profundización de la labor con la empresa de mercados, porque no puede ser que lo que se está acopiando luego termine en los carretilleros y que productos que se han acopiado se conviertan en fuente de especulación.

“Además, en el mercado estatal deben mostrarse las diferentes calidades, y si hay en liquidación tienen que estar bien posicionados estos productos en el mercado. La empresa de mercados está trabajando para perfeccionar esto.

“Tenemos un proceso de seguimiento. Y pretendemos que haya un crecimiento de mercados estatales, pero lo importante es tenerlos bien ubicados y crecer adecuadamente”, enfatizó.

Sobre la reapertura del mercado mayorista concentrador de El Trigal, dijo que se sigue trabajando para ello, “pero tenemos la intención de rectificar todos los errores que se cometieron”.

Silvio Gutiérrez, director del Departamento de Agroindustrias en el Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró que se hicieron estudios sobre los costos más generales que pueden tener nuestros productos agrícolas.

Yosvany Pupo, director del Comercio Minorista en el Mincin, agregó que el tema de la gestión metrológica es compleja, porque es de los asuntos más sensibles que afectan a nuestra población.

Julio Martínez, delegado de la Agricultura en La Habana, explicó que existen las condiciones para producir y contratar, teniendo en cuenta que la agricultura es una especie de industria a cielo abierto, que es estacionaria y responde a la calidad del suelo.

Jorge Félix González, directivo de la Unión de Empresas de Acopio, reconoció que hoy este sistema no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir a cabalidad su encargo estatal.

Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Gobierno en La Habana, precisó que se han tomado un grupo de acciones para evitar las ilegalidades y que se desvirtúen los efectos de las medidas.


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