La Mesa Redonda de este martes dio seguimiento a la actualización de las normas jurídicas para las formas no estatales de gestión dentro de la gastronomía y los servicios técnicos y personales.

Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda ^[1]

Fotos: Roberto Garaycoa

La relación precio y calidad en muchas ocasiones no es coherente en los locales de la gastronomía y los servicios que han dejado de ser gestionados por el Estado… En algunos territorios se desconoce cómo va el proceso de licitación de los inmuebles que han pasado a otras fórmulas administrativas… Se están violando los precios máximos fijados en determinados establecimientos… Preocupaciones como estas trenzaron la Mesa Redonda de este martes, que dio seguimiento a la actualización de las normas jurídicas para las formas no estatales de gestión dentro de la gastronomía y los servicios técnicos y personales.

Mirurgia Ramírez, directora de Servicios del Mincin, esclareció que el proceso de licitación es nuevo. “Es una resolución que puede aplicarla la empresa que tiene relación con esos locales a partir del 2 de mayo, y una de las condiciones que tienen que darse es que existan lugares cerrados que no se utilicen en ninguna actividad o que los trabajadores no acepten incorporarse a esa forma de gestión”.

Añadió que los directivos de las empresas, que convocan a ese proceso –que puede ser de manera pública o restringida, pero lo que hemos promovido es que se conozca- tienen previsto primero que todo divulgar las normas y ahora se encuentran en un proceso de capacitación para aplicar coherentemente lo establecido.

Aseguró que la licitación es un proceso que tiene que organizarse, porque los inmuebles del Estado seguirán formando parte de él, y habrá que ir pensando cuáles de ellos (que estén cerrados o en desuso) podrán ponerse a disposición de las cooperativas en formación o a las ya formadas.

Este mes, dijo Mirurgia Ramírez, se ha dedicado a la preparación del personal que tiene que encauzar ese trabajo, y a través de los medios de la localidad se darán a conocer los locales disponibles para este proceso.

Ramírez destacó que si malo es no tener la norma, peor es tenerla y no aplicar la ley. “Estamos enfrascados en ese proceso de preparación, y la capacitación se hará de forma intensiva durante estos tres meses”.

La directiva sostuvo que Matanzas está identificando los locales, y hasta el momento no se conoce de ningún centro donde los trabajadores hayan dicho que no van a incorporarse a la nueva forma de gestión. (Si un trabajador que labora en un centro estatal que se transformará al modelo de gestión de las cooperativas, no desea sumarse a esa propuesta, estará en el mismo proceso de disponibilidad que se sigue en otros centros con la reducción de plantillas infladas, y se le dará la posibilidad de tener nuevas ofertas laborales y los demás elementos vinculados a esta dinámica).

Ramírez comentó que en la única provincia donde no se han constituido cooperativas para la gestión de los servicios técnicos o gastronómicos es en Mayabeque, al tiempo que puntualizó que una cooperativa tiene personalidad jurídica, se forma con fines económicos y sociales, y se constituyen voluntariamente, sobre la base del aporte de bienes y derechos de sus miembros.

Esta organización se sustenta en el trabajo de sus socios, quienes conforman a la asamblea general y eligen a su presidente. Es una forma de gestión colectiva, en la que sus integrantes tienen que ser capaces de cubrir con sus ingresos sus gastos y ganar en virtud de lo que aporte cada uno.

“Pueden fundarla personas naturales con ciudadanía cubana y mayores de 18 años, sean cuentapropistas o no. También otra de sus fuentes de origen son las formas de gestión estatal que pasan a este nuevo modelo, aunque no se transforma la propiedad estatal porque los inmuebles siguen siendo del Estado y se ponen a disposición de los cooperativistas por arrendamiento.

“La creación de una cooperativa, que vienen de la vida estatal, se comunica a los órganos locales de Gobierno, esto pasa a una comisión y luego la aprueba o no el Consejo de Ministros”, destacó.

Francisco Silva, director de Comercio Mayorista del Mincin, explicó que este es un mercado que se organiza de forma gradual para el abastecimiento de estas nuevas formas de gestión. “Actualmente está dirigido a las cooperativas no agropecuarias dedicadas a la gastronomía y que pertenecen al sistema del Mincin, pero en productos muy específicos de producción nacional (cervezas, ron, pollo…).

“Esa prioridad se ha asegurado directamente sobre todo en el primer año. A partir de ese momento interactúa con sus proveedores. Y en la medida en que existan posibilidades desde la disponibilidad de productos se incrementará la posibilidad de ofertas”.

Precisó que este aseguramiento en el primer año se prevé en el plan en el momento de su constitución. “En la medida en que exista más disposición aumentarán las asignaciones. Es un proceso gradual, que depende del aseguramiento”.

Reconoció que el mercado minorista no es el ideal para el abastecimiento de estos locales, “pero se han incorporado productos en grandes formatos, lo que favorece este sistema de gestión”.

Subrayó que los que se están beneficiando de este mercado mayorista son las cooperativas, los arrendatarios se incorporarán en lo inmediato con productos como cigarro, ron y tabaco, y se extenderá más adelante a los cuentapropistas.

Vladimir Regueiros, directivo del Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró que los límites en estos precios por el momento no son aplicables a todos los trabajadores por cuenta propia, sino a las cooperativas no agropecuarias de la gastronomía que pertenecen al sistema del Comercio Interior. “Por ello apreciamos la preocupación por las tarifas, pero esta resolución la fija solo para estas cooperativas, que vienen del Mincin. En las otras cooperativas (pertenecientes al Turismo u otros organismos, y en los cuentapropistas) el principio que impera para la formación de los precios, es que estos se formen con base a una relación de oferta y demanda.

“El Ministerio de Finanzas y Precios está facultado para establecer precios máximos, y la resolución 136 es el reflejo de esa facultad”, aclaró, al tiempo que informó que con esos descuentos –del 20 por ciento- que están establecidos se favorece a esas cooperativas con un margen de utilidad”.

También comentó que el régimen tributario ha acompañado este proceso, y que en el caso de las cooperativas se ha establecido con gravámenes más beneficiosos respecto a los trabajadores por cuenta propia. “Y en todos los casos los impuestos se establecen con base a un principio de territorialidad”.

Sobre el otorgamiento de créditos bancarios, aludió a que se mantienen los requisitos, los análisis de riesgo, y si no califican los que están pidiendo el crédito a los bancos, que se realice este préstamo con el respaldo del presupuesto del Estado. “Esto permite que el capital de trabajo inicial de estos proyectos se dedique a reparaciones, inversiones, a un cambio en su imagen… y se estimulan estas operaciones”.

Donny Ernesto, directivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que el cumplimiento del servicio social es un deber. “En el caso de los técnicos, en el momento de la graduación si no son asignados a una entidad estatal, pueden decidirse a trabajar en un arrendamiento, en una cooperativa o como cuentapropista. De ser así se les exime del cumplimiento del servicio social”.

Ahondó en que los que fueron asignados a un centro que se modifica a estas nuevas formas de gestión, también se les exime del cumplimiento del servicio social.

En los minutos finales del programa, Mirurgia Ramírez ponderó que en los hospitales se están tomando medidas organizativas para evitar que las personas entren con productos a revenderlos, así como se ha previsto que los servicios de gastronomía que se ubiquen en estas instalaciones de Salud o en sus cercanías, tengan hasta tres ofertas con precios topados.

Reconoció igualmente que hay una tendencia a que se incrementen los precios de los productos sin estar respaldados por la calidad del servicio.

Mirurgia Ramírez, directora de Servicios del Mincin, explicó que la licitación es un proceso que tiene que organizarse, porque los inmuebles del Estado seguirán formando parte de él, y habrá que ir pensando cuáles de ellos (que estén cerrados o en desuso) podrán ponerse a disposición de las cooperativas en formación o a las ya formadas.

Según Francisco Silva, director de Comercio mayorista del MINCIN, explicó que en este momento se benefician del mercado mayorista las cooperativas, los arrendatarios se incorporarán en lo inmediato con productos como cigarro, ron y tabaco, y se extenderá más adelante a los cuentapropistas.

Vladimir Regueiros, directivo del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que, en relación con el régimen tributario, en el caso de las cooperativas se ha establecido con gravámenes más beneficiosos respecto a los trabajadores por cuenta propia.

Donny Ernesto, directivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que el cumplimiento del servicio social es un deber. “En el caso de los técnicos, en el momento de la graduación si no son asignados a una entidad estatal, pueden decidirse a trabajar en un arrendamiento, en una cooperativa o como cuentapropista".

En la sección de Internet, esta vez estuvo la periodista Jennifer Zubizarreta.