Wikileaks: Uribe buscó afectar a Chávez y Correa con archivos atribuidos a Reyes

La Corte Suprema de Justicia de su país concluyó que las informaciones contenidas en las presuntas computadoras de Reyes no pueden ser aceptadas como pruebas judiciales

El Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe fue selectivo en el manejo de los archivos informáticos atribuidos a “Raúl Reyes”, jefe de las FARC asesinado en Ecuador, para afectar a sus colegas de este país, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, según cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados por Wikileaks.

Los cables, publicados este domingo por el diario bogotano El Espectador, muestran que el Ejecutivo de Uribe (2002-2010) “utilizó estratégicamente” los documentos, “planificó su entrega selectiva en varios países” y “consiguió fondos privados para que un organismo extranjero aportara las conclusiones”.

La embajada estadounidense en Bogotá siguió cada paso, como se desprende de los despachos que hizo al Gobierno de EE.UU., tras el bombardeo colombiano en suelo ecuatoriano que asesinó a “Raúl Reyes” y a más de una veintena de personas, en marzo de 2008.

El líder guerrillero era el portavoz internacional y segundo al mando en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y según el Gobierno de Uribe tenía varios computadores y decenas de memorias que habrían sido decomisadas por los responsables de la operación.

El Espectador, que el pasado febrero recibió miles de cables de Wikileaks, precisó que el primer despacho diplomático data de un mes después de esa acción.

En él, “tanto el entonces ministro de Defensa (y sucesor de Uribe), Juan Manuel Santos, como el viceministro Sergio Jaramillo habían confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las FARC”.

Estos supuestos nexos han sido reiteradamente negados por los gobiernos de Quito y Caracas.

El desarrollo de la estrategia fue delegado en Jaramillo, quien “viajaba cada semana a mostrar información a distintos Gobiernos”, según la misma fuente, que precisa que, para la época del despacho, el funcionario se había desplazado a México y Brasil, y tenía previsto hacerlo a Chile, Inglaterra y Francia.

En el cable inicial, se indica que el Ejecutivo “tenía previsto un término de cuatro a seis semanas para que el Gobierno entregara información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina”

“Obviamente, los temas que debían posicionarse eran las FARC y el presidente Hugo Chávez, las FARC y el presidente Rafael Correa, las FARC y el tráfico de drogas y las FARC y los secuestrados”, continúa ese despacho y, apunta que “en cada caso, el Gobierno debía tener el máximo cuidado para evitar que se filtrara información que resultara dañina para la administración Uribe”.

El entonces ministro Santos cedió los archivos, bajo la condición de que no los divulgara sin autorización gubernamental, a Estados Unidos, que por la época tenía como representante en Colombia a William Brownfield.

Según estos cables, el plan de Uribe, que también tenía como objetivo a sus opositores, comprendía la verificación de la “integridad de los computadores” por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y la entrega de todos los archivos a “una organización independiente que no se identificara con los Gobiernos de Colombia ni de Estados Unidos”.

Un despacho diplomático recoge la versión del viceministro Jaramillo de que el material había sido entregado al Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IIEE), con sede en Londres y que hace poco divulgó un cuestionado informe sobre los documentos de las FARC.

“Jaramillo explicó a la Embajada que el Ejecutivo se había asegurado de conseguir fondos privados para que financiaran el proyecto (con el IIEE), para de esta manera evitar que se hicieran conexiones con el Gobierno de Colombia”, según las mismas fuentes.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que las informaciones contenidas en las presuntas computadoras de Reyes no pueden ser aceptadas como pruebas judiciales, pues fueron recaudadas ilícitamente por militares colombianos que en marzo del 2008 bombardearon territorio de Ecuador e ingresaron a él.

En Colombia se cree que el fallo a favor de Borja podría servir de precedente para echar por tierra decenas de juicios y condenas que durante los últimos tres años se han apoyado en el contenido de esos discos duros.

La principal decisión judicial que puede caerse ahora es el fallo de la Procuraduría General de Colombia que le quitó la investidura de senadora a la dirigente liberal del departamento de Antioquia, Piedad Córdoba.

(Con información de La Radio del Sur)