“No nos sirve aceptar una mesa tripartita cuando el ejecutivo no ha mostrado un respaldo ante las demandas que son más fundamentales de este movimiento”, señaló a la prensa la dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, a la salida de una asamblea de la organización en Concepción, a 500 km al sur de Santiago.
Además, la Confech reiteró su llamado a paro nacional para el próximo jueves, en una nueva marcha que deberá ser autorizada por el gobierno en los próximos días.
Esta semana, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado invitaron a los estudiantes a una mesa de diálogo con parlamentarios y el gobierno, para destrabar el conflicto estudiantil que desde hace casi tres meses ha paralizado el sector educativo, tanto universitario como de educación secundaria.
Los estudiantes universitarios alegaron la falta de “pronunciamiento” del gobierno ante sus peticiones, lo que a su juicio no les da “garantías” de que la instancia de diálogo propuesta por el Congreso sea viable.
En tanto, los estudiantes de secundaria siguen analizando su eventual participación en la mesa de diálogo en una asamblea en Copiapó, a 800 km al norte de Santiago.
El gobierno, por su parte, respalda la mesa de diálogo, y paralelamente, la próxima semana pretende ingresar al Parlamento los dos primeros proyectos de ley con los que se ha dado respuesta a las demandas estudiantiles.
Uno de ellos busca refinanciar los créditos morosos de unos 110.000 estudiantes, mientras que el otro pretende rebajar de 5,3 a 4% los intereses que cobran bancos privados para créditos estudiantiles con el aval del Estado.
Asimismo, el gobierno del derechista Sebastián Piñera hizo dos propuestas, un Gran Acuerdo Nacional para la Educación, y un listado de 21 medidas, que los estudiantes rechazaron al considerarlas “insuficientes”.
Los estudiantes chilenos piden al gobierno que asegure el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel constitucional, que retorne la gestión de las escuelas de las municipalidades al Estado, y que se prohíba el lucro de las universidades privadas, cuyos alumnos proceden mayoritariamente de sectores vulnerables, y deben endeudarse muchos años para poder estudiar.
(Con información de AFP)
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