Terrorismo y delincuencia organizada forman parte de los delitos que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) ante el atentado perpetrado el jueves en el Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León.

En busca de responsables se analizan videos de las cámaras de seguridad del inmueble y se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos a quien colabore para detener a quienes planearon y ejecutaron el ataque.

Autoridades del gobierno federal dijeron a EL UNIVERSAL que como parte de las acciones para colaborar con las autoridades locales, se dio intervención a los expertos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Entre las tareas que los investigadores realizan desde la tarde del jueves, junto con peritos en criminalística de la PGR, está la recopilación y análisis de los videos del casino, que contaba con cámaras de seguridad en las diversas áreas que fueron siniestradas. Aunque no se precisó el número de cintas obtenidas, se informó que “las imágenes serán valiosas en la investigación”.

Este viernes se dio a conocer un video en el que se muestra a detalle cómo los agresores llegaron al casino, ingresaron, le prendieron fuego y huyeron, todo en sólo dos minutos y medio. Vehículos similares a los utilizados por los perpetradores fueron encontrados en diversas zonas de la ciudad de Monterrey y se investiga si son o no los que tripulaban los agresores.

Con el testimonio que han ofrecido al menos 12 de los sobrevivientes se han realizado retratos hablados de los perpetradores, tres de ellos fueron dados a conocer este viernes. La PGR anunció que otorgará hasta 30 millones de pesos a quien proporcione “información veraz y útil, que coadyuve efectiva y oportunamente para la identificación, localización, detención y/o aprehensión de los responsables que planearon y ejecutaron el ataque”.

Informó que por instrucciones del presidente Felipe Calderón se emitió el acuerdo para ofrecer la recompensa, ante “la gravedad del suceso, la privación de la vida y lesiones a decenas de personas, así como la afectación y alteración profunda del orden social”.

Las autoridades federales consultadas indicaron que los responsables del ataque al casino serán acusados de terrorismo, entre otros delitos, ya que el Código Penal Federal prevé este tipo de atentados como ilícitos contra la seguridad de la nación.

El artículo 139 dice que “se impondrá pena de prisión, de seis a 40 años (…) al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional”.

El Presidente ofreció al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que se reforzará la presencia de fuerzas federales en el estado. Por la noche, el vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, dijo que 3 mil efectivos federales llegarán al estado. Aseguró que mil 500 soldados y mil 500 policías federales serán desplazados en la entidad.

Este viernes, más de una veintena de militares, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, realizaron operativos en al menos tres casinos. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, dijo que en la capital neoleonesa operan 11 centros de apuestas sin permiso.

El munícipe solicitó al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero —quienes estuvieron en la entidad—, revisar la situación en la que operan esos negocios y, si es viable, cerrarlos.

Larrazábal reveló que estos centros operan sin regulación alguna, ya que se mantienen bajo la protección de una suspensión de amparo de índole federal, que hace que el municipio no pueda dictarles restricciones.

(Con información de El Universal.mx)