Las evidencias encontradas por el Congreso sobre la fracasada operación “Rápido y Furioso” amenazan hoy con convertirse en el Watergate del gobierno del presidente Barack Obama.

Recientemente algunos republicanos en Florida compararon el fiasco con el escándalo que desencadenó la renuncia del presidente Richard Nixon y ya algunos abogan por la designación de un fiscal especial para investigar los hechos.

Esta semana un comité legislativo pudiera agrandar la crisis si emite citaciones a varios funcionarios del gobierno de Obama, incluido el secretario de Justicia Eric Holder, para escuchar sus testimonios.

El presidente del comité de Supervisión de la Cámara baja Darrell Issa, en declaraciones a la televisora Fox adelantó esa posibilidad al alegar que el alto funcionario sabía de la operación antes de lo que reconoce.

Issa lanzó la interrogante que mueve ahora a muchos estadounidenses. ¿Por qué niegan tener conocimiento de algo sobre lo que se les informó?, preguntó.

El legislador demandará explicaciones a Holder sobre el fallido programa para pasar armas a México con el fin de seguirles la pista hasta los delincuentes, de las que se perdió el rastro de unas dos mil, que aparentemente fueron a parar a manos de narcotraficantes.

La crisis comenzó después de que un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, Brian Terry, fuera asesinado en un tiroteo en el que presuntamente se uso una de estas armas.

Queremos conocer qué sabían, cuándo supieron de la operación, hasta qué niveles del Departamento se conocía, así como por qué una vez que los funcionarios conocieron la operación no se hizo nada al respecto, planteó.

En mayo pasado, Holder declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se enteró de “Rápido y Furioso” tan sólo en las últimas semanas.

No obstante, recientes revelaciones de Issa y el senador Charles Grassley sostienen que el secretario de Justicia recibió al menos cinco memorando desde julio 2010 en los que se describía el plan que llevó a cabo la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).

Según fuentes de la investigación, todo parece indicar que Holder mintió al Congreso y tratan de averiguar hasta donde en la Casa Blanca existía un conocimiento del asunto.

Cuando comenzó “Rápido y Furioso”, en la segunda mitad del 2009, un 90 por ciento de las armas que iban a México provenían de Estados Unidos.

En la actualidad muchos agentes de la ATF prestaron testimonios en los que califican de “vergonzoso y pasmoso” que se permitiera la desaparición de armas de fuego sino tambiénque éstas se fueran hacia México a sabiendas de que terminarían en manos de criminales.

El asunto evidentemente también tiene un interés político y forma parte de la madeja que tejen los republicanos para sacar a Obama de la Casa Blanca, estiman comentaristas políticos.

(Con información de Prensa Latina)