Cuando se inauguró poco después de los atentados del 11-S, la prisión tenía 779 presos, 600 de los cuales fueron trasladados a otros centros de detención. Un 27% “estuvo o está involucrado en actividad terrorista” o está “bajo sospecha”.
El Congreso recomendó a la administración de Obama estudiar detenidamente la reincidencia entre los liberados y presentar un análisis de si los países donde los enviaron o van a enviar son capaces de recibirlos. Ahora la cuestión es particularmente aguda en vistas de un futuro traslado de cinco talibanes a Qatar, posibilidad que está siendo considerada por la Casa Blanca. Esta iniciativa generó una reacción negativa en el Congreso.
La prisión de Guantánamo, abierta hace 10 años en una base naval que EE. UU. tiene en la bahía cubana del mismo nombre. Desde entonces no paró de generar críticas, tanto de defensores de derechos humanos como de la sociedad en general, por las pésimas condiciones de detención de los prisioneros.
El presidente que inauguró la cárcel, George W. Bush, expresó en diversas ocasiones durante 2008 “su deseo de cerrar Guantánamo”, al tiempo que adujo razones “legales y prácticas” a la hora de justificar la permanencia de la prisión. En ese sentido enumeró los procesos que no habían concluido o que estaban pendientes, así como la negativa de muchos países a aceptar la repatriación de los detenidos. Hace cuatro años, el cierre de la famosa cárcel estadounidense parecía cercano, tras las promesas preelectorales de Barack Obama: “Guantánamo se cerrará dentro de un año o menos, contando desde ahora”.
Ahora, en plena campaña electoral, los demócratas están acusando a los republicanos de generar tensión respecto al tema con objetivos políticos, negando muchos datos del informe. Afirmaron que las cifras son mucho más bajas de las presentadas y que el documento subestimó los riesgos que el país corre al mantener a presuntos terroristas en Guantánamo sin juzgarlos.
(Con información de RT)
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