La resolución contra Siria aprobada el jueves por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue rechazada por el gobierno de la nación árabe, al considerarla parcializada y sin credibilidad.

La medida, no vinculante, y adoptada con 137 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones, “representa una amenaza a la credibilidad de la Asamblea General al tratar importantes asuntos respecto a la soberanía de los Estados miembros”, advirtió el embajador sirio ante el organismo internacional, Bashar Al Jaffari.

Entre los países que se opusieron a la resolución estuvieron Rusia, China, Irán y las naciones latinoamericanas que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

Al Jaffari denunció que su país es víctima de ataques y lo que sucede en la nación árabe es manipulado, reseñó Prensa Latina.

El diplomático manifestó que la resolución aprobada no tiene relación con lo que sucede en Siria y advirtió que los impulsores de la medida “no quieren responsabilizar a los grupos armados terroristas por los ataques contra las instituciones estatales y los civiles”, como tampoco desean condenar los atentados ocurridos meses atrás en las ciudades de Damasco y Aleppo, que dejaron decenas de muertos y heridos.

La resolución aprobada en la Asamblea General responsabiliza sólo al gobierno sirio por la crisis interna y deja abierta la posibilidad de la salida forzada del poder del presidente, Bashar Al Assad.

La administración siria había presentado en la ONU un informe sobre la violencia desatada por los grupos opositores armados, a los que responsabiliza del asesinato de más de tres mil civiles y agentes de seguridad.

Ni la Asamblea General ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se han pronunciado sobre estas denuncias, como tampoco sobre las pruebas del financiamiento extranjero de estas bandas armadas.

Mientras esto sucede, el Gobierno sirio mantiene el plan de reformas surgido luego de la convocatoria a un gran diálogo nacional, que contó con la participación de diversos sectores de la sociedad.

En estos días se confirmó que una nueva Constitución será sometida a referendo nacional el 26 de febrero venidero.

La Carta Magna estipula que cada séptimo año se realicen elecciones generales, se legaliza la creación de partidos -medida que ya se aplica en el país-, se refuerza la separación de los poderes del Estado, y se impulsa todavía más la descentralización de las administraciones locales.

(Con información de VTV)