El Gobierno de Bolivia reveló este domingo el hallazgo de pruebas que confirman la presencia de narcotraficantes en la región de Apolo, al norte de La Paz (capital), donde hace ocho días se produjo un atentado contra una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cerró con tres oficiales y un médico civil muertos, además de 29 heridos de bala.

Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, destacó que las autoridades “han encontrado cuatro fosas de maceración de cocaína” y con ello “se confirma que lo sucedido” fue “planificado por personas vinculadas al narcotráfico”.

Por su parte, Leopoldo Ramos, quien encabeza la comisión de fiscales que investiga el caso, señaló que “por la forma de ejecución, para el Ministerio Público es probable que quienes victimaron en Miraflores serían personas entrenadas por Sendero Luminoso”.

Por el hecho, sucedido cuando una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) efectuaba tareas de erradicación de cultivos ilegales de coca en Miraflores, localidad contigua a Apolo -a 450 kilómetros al norte de La Paz, cerca de la frontera con Perú-, un juez de instrucción ordenó ayer la prisión preventiva de ocho sospechosos.

Un día después del ataque, el Ejecutivo boliviano solicitó apoyo a Perú, porque sospechaba que en el hecho habían intervenido narcotraficantes peruanos. Una de las medidas incluía el cierre de parte de la frontera común, aunque luego Lima aclaró que ofrecerían su mayuor apoyo, pero que no cerrarían la frontera porque no hay pasos fronterizos en esa zona.

En tanto, el juez instructor mixto de Apolo, Daniel Guarachi, ordenó prisión preventiva de ocho sospechosos de haber asesinado al subteniente del Ejército Oscar Gironda, el policía Jhonny Quispe, el suboficial de la Armada Jhonny Yujra y el médico Michael Olivares.

El fiscal reveló que entre las pruebas con que cuenta el Ministerio Público figuran “grabaciones de las emisiones de Radio Madidi, donde los dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca, que por supuesto es ilegal cuando está destinada a las actividades ilícitas”.

Ramos señaló que esas grabaciones, registradas desde enero, son parte de la evidencia del ataque, que, a su juicio, es “una secuencia sistemática, de preparación, planificación y difusión de la resistencia violenta que prepararon grupos irregulares”.

El jefe de los fiscales indicó también que el pasado 13 de octubre un grupo de personas realizó un plenario y aprobó una resolución advirtiendo al Gobierno que los cocaleros estaban armados para resistir la erradicación de cultivos ilegales.

El ataque se produjo el sábado 19 de octubre, cuando una patrulla de la FTC ingresó a Apolo y, según el gobierno, fue víctima de una “emboscada” de campesinos locales y presuntos narcotraficantes “extranjeros” que les dispararon.

(Telesur)