El conflicto por la reclamación de mil 600 millones de dólares del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) entró en una fase crucial con la mediación de los Gobiernos de España e Italia a instancias del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

El mandatario Ricardo Martinelli citó este viernes en su despacho a los embajadores de España e Italia para hablar del conflicto contractual que amenaza con paralizar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

El GUPC fijó como plazo el 21 de enero para que la Autoridad del Canal (ACP) dé respuesta positiva a su multimillonaria demanda, y amenazó con suspender las obras si no se satisface su demanda.

La ACP denunció que la presión del GPUC es para sacar de contexto las negociaciones, y agregó que si éstas se salen del control de las tres instancias de arbitraje estipuladas en el contrato, será más factible para el GPUC obtener los resultados que demanda.

Panamá se ampara en su derecho de negociar dentro de los límites de lo establecido e insiste en que el tema principal no está en los mil 600 millones de dólares que reclama el consorcio, sino en demostrar que la demanda tiene sustento.

De demostrarse su validez, la ACP está en disposición de pagar, ha repetido reiteradas veces el administrador Jorge Luis Quijano, quien dijo que es el equivalente al 50 por ciento de los tres mil 200 millones de dólares licitados, de los cuales ya han pagado al consorcio dos mil millones.

El GUPC mezcla diferentes aspectos del desarrollo de la obra que podrían afectarla de forma acumulativa y hacer difícil sustentar ese monto, explicó Quijano en una reunión con corresponsales extranjeros. No entendemos cómo llegaron a ese número, recalcó.

Gobierno español responde

En tanto, la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, gestiona este viernes una solución al conflicto de la empresa Sacyr y autoridades del Canal de Panamá que amenaza las obras de ampliación de esa vía interoceánica.

La firma española, líder del consorcio a cargo de la construcción de un tercer juego de esclusas del canal, mantiene asimismo su demanda de recibir mil 200 millones de euros por encima de contrato para continuar los trabajos.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, argumentó el pasado miércoles un incremento de los costos e incumplimiento de la parte panameña que impiden el contrato.

El gobierno de Panamá rechazó el argumento mientras el presidente Ricardo Martinelli anunció que viajará a España e Italia para exigir la observancia del contrato ganado en licitación internacional por el GUPC.

Martinelli anunció el jueves que viajará a España e Italia para exigir que se cumpla con la ampliación del canal, luego de acusar la irresponsabilidad de las empresas de esos países encargadas de la obra.

“Voy a ir a España e Italia a exigirle a estos Gobiernos responsabilidad moral por lo actuado, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación”, declaró Martinelli luego de que el consorcio italo-español amenazó con suspender las obras de ampliación.

(Telesur) ^[1]