La Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía colombiana identificó ocho situaciones asociadas a los asesinatos, amenazas y desplazamientos de que fueron víctimas los militantes del movimiento político Unión Patriótica (UP), a mediados de los años 80.

Según fuentes citadas por el diario local El Espectador, esa línea de trabajo permitirá profundizar las investigaciones sobre el genocidio cometido, definir a los autores materiales e intelectuales de ese exterminio y los móviles de las acciones perpetradas para llevarlo a cabo.

Una de las pesquisas se centrará en los crímenes registrados en los departamentos del Meta (centro) y Antioquia (noroeste) y en las regiones de Urabá (oeste) y Magdalena Medio (este), con vistas a establecer una sistematicidad en los crímenes cometidos.

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía trabaja en la estructuración de un macrocontexto o perfil sobre las características de esa agrupación política, “su historia y victimización regional y nacional”.

También se investigarán los asesinatos de dirigentes políticos de la UP en casi todo el país y su relación con los de otros representantes de movimientos y partidos colectivos.

El congresista Ivan Cepeda calificó a la masacre perpetrada contra la UP (donde su padre fue una de las víctimas), como un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social.

Como parte de esa operación de exterminio, cinco mil personas fueron asesinadas, perseguidas, desaparecidas y torturadas, entre ellas dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales. También hubo detenciones masivas y arbitrarias contra los sobrevivientes del movimiento y poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia.

Luego de una década de batallas jurídicas para lograr la restitución de su personería jurídica, la UP logró que el Consejo de Estado acogiera sus argumentos y la reintegrara al escenario político y electoral.

La decisión del Consejo de Estado se dio como respuesta a una acción popular interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, quien recogió las sentencias del alto tribunal de lo contencioso administrativo, en las que obligaba al Estado a reparar a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.

(Telesur) ^[1]