Asamblea nacional venezolana

Los candidatos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) proponen introducir cambios en la legislación e institucionalidad que representarían un sustancial retroceso en materia de derechos para el pueblo.

Su propuesta para desarrollar en la nueva Asamblea Nacional, denominada “oferta legislativa para el cambio” destaca principalmente la agenda empresarial.

El plan de la autodenominada mesa de la unidad democrática incluye un punto central, suprimir el control estatal en la prestación de servicios públicos, que en la actualidad se prestan de forma subsidiada, sustituyéndolos por asociaciones estratégicas con empresas privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones, propuesta que no es más que la privatización de los servicios públicos.

En materia de vivienda, proponen una ley con el concepto de “hogares semillas” que traería de vuelta los planes habitacionales de los gobiernos de la Cuarta República, que consistían en levantar una estructura inacabada de lo que sería una casa , para que luego el beneficiario se endeudara con la banca privada a fin de culminar la construcción.

En el mismo tema, torgarían títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Actualmente los títulos de propiedad de la GMVV se entregan de manera colectiva. El  presidente la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, explicó en noviembre pasado que otorgar el título de propiedad de manera individual significa que las viviendas podrán capitalizarse y los beneficiarios la perderán al hipotecarlas a la banca.

Sobre pensiones, la oposición promete algo cumplido por el gobierno bolivariano: homologar las pensiones al salario mínimo e incluir a en el sistema de seguridad social aquellos trabajadores (choferes, campesinos, pescadores, amas de casa) que nunca pudieron cotizar o tienen incompleto el tope mínimo de las cotizaciones para gozar de la pensión.

En el área laboral, José Guerra, candidato y asesor económico de la mud destaca que la intención de su bancada es eliminar la reducción de la jornada laboral y el disfrute de los trabajadores de sus días libres, contemplados en la Ley Laboral Lottt… Suma a esto la necesidad de focalizar la inversión social social, pues a su juicio, el gobierno tiene “un gasto alocado” que promueve la inflación.

Cabe anotar que el gobierno bolivariano, pese a la caída de los precios del petróleo, mantiene una inversión social que alcanza más del 60 por ciento del presupuesto nacional, un porcentaje que permite garantizar la salud, educación, alimentación y estabilidad laboral de la población.

Otro hecho significativo es la Promulgación de una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a delincuentes políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes.

Por ejemplo, el caso de Leopoldo López sentenciado en septiembre pasado a 13 años de prisión por su responsabilidad en las protestas con fines golpistas que dejaron 43 personas fallecidas.

(Con información de Telesur ^[1])