Senado brasileño propone 2 de agosto como fecha para votación final del impeachment

El Senado brasileño analiza este miércoles las fechas y los procedimientos que se implementarán para el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien la derecha acusa sin pruebas de cometer un crimen de responsabilidad.

De acuerdo con el cronograma presentado por el relator del impeachment, Antonio Anastasia, se propone el 2 de agosto como fecha para la votación final en el plenario del Senado.  Hasta el momento, el único acuerdo al que se ha llegado es sostener el próximo 2 de junio una reunión para discutir y decidir de forma definitiva cuál será el cronograma.

Las fechas propuestas por Anastasia han generado polémica porque muchos senadores consideran que es apresurado establecer la votación final del plenario del Senado para el 2 de agosto, pues estarían ocupando solo 90 de los 180 días de plazo que tienen para los debates.

Mientras, algunos parlamentarios ligados a la derecha y al presidente interino, Michel Temer, están de acuerdo en acelerar el cronograma para votar lo antes posible, porque creen que en este contexto es posible destituir a la presidenta Dilma Rousseff.

Al inicio del debate, el senador Lindbergh Farias, del PT/RJ, presentó una moción de orden, “para que esta comisión suspenda los trabajos y pidiendo a la Procuraduría y al Supremo Tribunal Federal que analice las pruebas referidas al proceso de juicio político”.

La comisión especial de 21 senadores encargada del caso discute los planes de trabajo para comenzar a estudiar y escuchar nuevamente los alegatos de la acusación y la defensa. La Agencia del Senado explicó que una vez presentada la hoja de ruta corresponde iniciar la denominada fase de pronunciación, durante la cual las labores estarán centradas en la producción de pruebas, audiencias con testigos y debates entre la acusación y la defensa.

El proceso durará máximo seis meses, plazo en el que la presidenta Rousseff estará separada del cargo y las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara Baja ni en el Senado y que, paradójicamente, no fueron necesarias para la aprobación del juicio político.

Cardozo aseguró que las acciones implementadas hasta ahora son ilegales y señaló el impeachment como un golpe de Estado sin armas.

(Con información de Telesur)