Brexit tendrá que ser aprobado por el Parlamento

El Gobierno británico ha admitido implícitamente que el Brexit tendrá que ser aprobado por el Parlamento. “En última instancia, todo dependerá sobre el acuerdo que se alcance entre los partidos, pero la visión del Gobierno es que es muy posible que el nuevo tratado tenga que someterse al proceso usual de ratificación“, admitió James Eadie, el abogado que representa al ejecutivo británico en la vista judicial del Brexit en un alto tribunal de Londres.

Hasta la fecha, la premier Theresa May había rechazado la posibilidad de un voto en la Cámara de los Comunes, alegando que el Gobierno tiene el “mandato expreso” del pueblo británico, que votó por un 42% a 38% a favor de la salida de la UE. El volantazo se produjo horas después de la difusión de un documento, fechado en el 2010, en el que el Gobierno de David Cameron reconocía el carácter “consultivo” y “no vinculante” de los referéndums.

Ese ha sido precisamente el argumento con el que Gina Miller, una gestora de inversiones con un largo historial en la City, decidió llevar la cuestión a los tribunales para intentar forzar un voto parlamentario. La demanda judicial estipulaba que el Gobierno no puede ejercer por su cuenta la “prerrogativa real” y necesita la autorización de Westminster para poder invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

El artículo 50 estipula que el proceso se producirá “de acuerdo con los requisitos constitucionales” del país que solicita la salida de la Unión Europea. En ausencia de una Constitución escrita en el Reino Unido, la interpretación final queda en manos de los jueces, a la hora de interpretar la “ley común”.

Los tres magistrados que han presidido las sesiones -John Thomas, Terence Etherton y Philip Sales- han dado la más alta relevancia al caso y han admitido que se trata de una cuestión de “valor constitucional”, y que por tanto la última palabra la tendrá posiblemente el Tribunal Supremo.

Decenas de manifestantes a favor y en contra del Brexit se han manifestado estos días a las puertas del tribunal, en el Strand de Londres, mientras el tema adquiría la máxima relevancia política. La ex secretaria de Educación Nicky Morgan, una de las primeras víctimas de Theresa May en la “purga” del Gabinete Cameron, ha encabezado las voces a favor de una votación parlamentaria en el Partido Conservador.

La verdadera preocupación de May, escorada hacia el Brexit duro desde que llegó a Downing Street, es que sean sus propios correligionarios moderados los que torpedeen desde la Cámara de los Comunes su agenda para la negociación con Bruselas. Según las últimas estimaciones antes del referéndum, un total de 480 de los 650 diputados estaban a favor de la permanencia. Entre ellos, más de la mitad de los 329 parlamentarios del Partido Conservador, que tiene la mayoría absoluta.

En las dos últimas semanas, y como reacción ante el discurso de Theresa May en la conferencia de los tories, se ha producido un realineamiento de los conservadores moderados, unidos ahora en torno al Brexit “blando” (una ruptura no traumática con Bruselas que asegure el acceso al mercado único).

El máximo representante del Brexit “blando” dentro del Gabinete es el secretario del Tesoro Philip Hammond, que ha recalcado el interés máximo en defender los intereses de la City de Londres y mantener sus vínculos con el continente. La postura conciliadora de Hammond ha chocado frontalmente con los argumentos de los tres brexiteros –Boris Johnson, David Davos y Liam Fox- dispuestos a sacrificar el acceso al mercado único para acabar con la “libertad de movimientos” y controla inmigración.

(Con información de El Mundo)