De acuerdo con el sitio web del STF, el análisis de la decisión de Mello fue incluido en la agenda de este miércoles por la titular de ese órgano, Cármen Lúcia, y será el primer tema que aborde el plenario.
La víspera, y en una acción que echó un poco más de leña al fuego de la crisis institucional en que se debate el país, la mesa directora de la Cámara alta resolvió desafiar a la Corte Suprema y desacatar la resolución de Mello, manteniendo en el puesto a Calheiros y concediéndole cinco días útiles para presentar su defensa.
Mello aceptó este lunes una solicitud de amparo del partido Red Sustentabilidad (RED), la cual demandaba prohibir a reos de la justicia ocupar los puestos de presidente del Senado Federal o de la Cámara de Diputados.
El reclamo presentado por RED se sustentó en el hecho que el STF decidió el pasado primero de diciembre enjuiciar a Calheiros, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tras admitir una denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra éste por desvío de recursos públicos.
Poco después que la mesa directora del Senado resolviera no acatar la decisión del ministro del STF, Calheiros declaró a medios de prensa que de ese modo se preserva la independencia del Poder Legislativo.
Ninguna democracia merece que a nueve días del término de un mandato una decisión monocrática frene un calendario de votaciones ‘importantísimo, de interés nacional’, dijo en referencia a la apreciación en segundo turno del severo programa de ajuste fiscal propuesto por el presidente Michel Temer, prevista para el próximo día 13.
Por su parte, legisladores del Partido dos Trabajadores (PT) coincidieron en señalar que las votaciones en el Senado tendrán que suspenderse hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie sobre la separación de Calheiros de su cargo.
Tomar decisiones sobre temas tan importantes en una situación como ésta sería una gran equivocación, advirtió el líder de la bancada petista Humberto Costa, quien remarcó que ‘solo vamos a discutir cualquier cosa de la agenda cuando haya una solución definitiva’.
La separación de Calheiros fue antecedida por una nueva escalada en las tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial, provocada por la aprobación en la Cámara de Diputados, por 450 votos a favor y uno en contra, de un proyecto de ley anticorrupción que tipifica el delito de abuso de autoridad por parte de jueces y fiscales.
El visto bueno dado a la iniciativa por los legisladores de la Cámara baja fue criticado de inmediato por la presidenta del STF, quien lamentó la decisión de incluir en el texto una enmienda que contempla la posibilidad de punir a miembros del Poder Judicial.
(Tomado de Prensa Latina)
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