La decisión del TSE podría poner fin al gobierno de Temer. | Foto: EFE

Las acusaciones electorales contra Michel Temer fueron presentadas por el PSDB, anterior aliado político del presidente de facto.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil retomó este martes el juicio contra el presidente de facto Michel Temer por las acusaciones sobre supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2014.

El relator del caso, Herman Benjamin, expuso los fundamentos de la denuncia que incluyen el “uso indebido de medios de comunicación” y la entrega de sumas millonarias a través de la petrolera estatal para los partidos de la coalición gobernante.

Los debates del TSE se extenderán por tres días, pero podría alargarse si alguno de los siete magistrados pide “vista” para suspender el debate y revisar el caso.

El juicio del TSE contra Temer fue suspendido el pasado 4 de abril para escuchar a nuevos testigos.

Se trata de 7.962 páginas de pruebas documentales, declaraciones, argumentos de acusación y de defensa sobre la sospecha de que la coalición conformada por el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de Temer y el Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff cometió abuso de poder político y económico en los comicios de 2014.

Una sentencia condenatoria del TSE anularía la victoria de la fórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución del mandatario, aunque este tendría derecho a numerosas apelaciones y seguiría en el poder hasta tanto no haya un dictamen definitivo, que pudiera llegar después de varios meses.

La demanda fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), antiguo aliado político de Temer por las supuestas acusaciones de haber recibido fondos de manera ilegal.

Ahora, sin embargo, los adversarios de Temer ven el juicio como la llave para sacarlo del poder, mientras que sectores cercanos a él consideran la posible anulación del mandato por la Justicia como una “salida elegante” para el líder conservador.

Los siete magistrados que componen el TSE deben pronunciarse sobre las denuncias que sostienen que la campaña fue financiada con recursos no declarados de empresas como la constructora Odebrecht, una de las protagonistas de la trama de desvíos orquestada alrededor de la petrolera estatal Petrobras.

En caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar del gobierno a Temer. En caso de que ese mandato sea ahora anulado, el Congreso tendría que elegir a un jefe de Estado interino por el próximo medio año.

Además del tema electoral, la Corte Suprema tiene una investigación contra el mandatario de facto por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita a partir de las denuncias del empresario Joesley Batista, uno de los dueños de la empresa cárnica JBS.

El pasado lunes Temer recibió por escrito el interrogatorio de la Policía Federal en el marco de la investigación de la Corte Suprema a partir de un audio en el que presuntamente el mandatario de facto autoriza el pago de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, preso por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

Temer tiene ahora un plazo de 24 horas para responder por escrito a las 84 preguntas que le ha formulado la Policía.

Las presiones contra Temer también provienen de las centrales sindicales brasileñas que convocaron a una nueva huelga general en todo Brasil el 30 de junio para protestar contra las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno y dicen esperar una movilización mayor que la del paro del 28 de abril.

(Tomado de TeleSur ^[1])