Cada reforma, medida o nueva ley impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron genera de inmediato la férrea oposición del sector aludido

Por Luisa María González

En las últimas semanas Francia ^[1] se convirtió en un hervidero de huelgas y parece que al país hoy no le cabe una manifestación más: trabajadores ferroviarios, empleados de Air France, médicos, funcionarios públicos, jubilados, estudiantes…

Cada reforma, medida o nueva ley impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron ^[2] genera de inmediato la férrea oposición del sector aludido, y se repiten cuestionamientos como la voluntad oficial de llevar a la nación hacia una tendencia privatizadora, destruir los servicios públicos, y precarizar la situación de los más desfavorecidos.

No es casual que el mandatario se haya ganado el calificativo de ‘presidente de los ricos’, un sentimiento que se manifestó con fuerza ayer, cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en más de 100 ciudades y pueblos de todo el país para protestar contra la política gubernamental.

Varias organizaciones sindicales convocaron a la movilización inter-profesional bajo el lema: ‘Para detener la regresión social: todas y todos a la acción‘, en un llamado a promover una ‘convergencia de luchas’ que aúne las reivindicaciones de los diferentes sectores.

Lo cierto es que la situación se agrava en cada uno de los frentes: los trabajadores ferroviarios están a punto de cumplir un mes de huelgas y ayer anunciaron la decisión de romper las concertaciones con el Ministerio de Transporte, tras lamentar la nula disposición de las autoridades para escuchar sus reclamos y negociar.

Este grupo social protesta contra una reforma de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles que, según los detractores, abrirá el camino a una futura privatización de la compañía.

A esta manifestación se acaban de unir los empleados del sector energético con acciones como cortar la electricidad en algunas líneas de trenes para perturbar aún más el tráfico.

El principal sindicato del sector de la energía, CGT-Mines-Energie, lamentó que en los últimos años el precio de la electricidad aumentó en un 25 por ciento, mientras el acceso a este servicio debería ser un derecho para todos los ciudadanos.

En paralelo, los empleados de Air France se declararon dispuestos a mantener y acentuar los paros iniciados en febrero en demanda de un aumento salarial, negado por la dirección de la compañía.

Los pilotos, el personal de cabina y los trabajadores de tierra reclaman un incremento de las remuneraciones en un seis por ciento, lo cual consideran justo teniendo en cuenta que desde 2011 los salarios están congelados a causa de la crisis.

Otra reforma gubernamental que genera un férreo rechazo es el recorte de presupuesto y de personal para el sector público, ante lo cual reaccionan indignados los médicos, maestros, funcionarios y demás empleados.

El descontento es particularmente intenso en el personal hospitalario, que en las últimas semanas ha lamentado la escasez de medios y la precarización de las condiciones de trabajo.

Por su parte, los estudiantes realizan desde hace varias semanas una huelga en contra de la reforma del acceso a la educación superior: numerosas universidades y facultades se mantienen bloqueadas mientras los jóvenes denuncian que los cambios implicarán una entrada selectiva y elitista que afectará a los alumnos de las clases más populares.

El movimiento llegó incluso al Instituto de Estudios Políticos de París (Science Po), uno de los más prestigiosos y elitistas centros universitarios de Francia, donde los estudiantes colgaron pancartas con frases como: ‘fin a la dictadura macronista’ y ‘Macron, tu universidad está bloqueada’.

De su lado, los jubilados mantienen otro frente de protestas en oposición al alza del impuesto conocido como Contribución Social Generalizada, que significará una importante pérdida para los pensionistas.

En medio del convulso panorama, el presidente se apresta a celebrar en mayo su primer año de mandato, un festejo que se vislumbra empañado por las tensiones sociales.

De hecho, un reciente sondeo reveló que el 52 por ciento de los franceses considera que la elección de Macron como jefe de Estado fue negativa para la nación.

Según el estudio del Instituto Elabe, un 58 por ciento de los consultados opina que al terminar el quinquenio en 2022, la acción gubernamental no habrá permitido mejorar la situación del país, y un 81 por ciento cree que tampoco tendrá avances en su situación personal.

(Tomado de Prensa Latina ^[3])