La Contraloría General de Ecuador emitió hoy un informe con supuestos indicios de responsabilidad penal contra varios funcionarios y exfuncionarios ecuatorianos
La Contraloría General de Ecuador emitió hoy un informe con supuestos indicios de responsabilidad penal contra varios funcionarios y exfuncionarios, entre ellos, el expresidente de la República, Rafael Correa.
El reporte, enviado a la Fiscalía General, guarda relación con la emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería, según indicó el contralor subrogante, Pablo Celi.
De acuerdo con las observaciones del informe final del examen especial, las observaciones incluyen además a exministros de Economía y Finanzas; así como de coordinación de la Política Económica, la Secretaría Nacional de Planificación, gerentes generales del Banco Central, miembros de la Junta Política de Regulación Monetaria y otros funcionarios actuantes.
‘Estamos hablando de aproximadamente entre mil 700 y dos mil 300 millones de dólares’ precisó en declaraciones a la prensa Celi, quien además señaló que el período evaluado es desde enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
‘Todos estos endeudamientos fueron con la autorización del presidente de la República, y en el examen estamos señalando que es precisamente el Decreto Ejecutivo 1218, el instrumento legal que permitió una modificación reglamentaria, ajena al código, que hizo posible el manejo de los certificados no previsto en la ley’, advirtió.
El examen se refiere de manera puntual a Certificados de Tesorería, en tres aspectos básicos: su uso como instrumento de otorgamiento de pago, para sustituir bonos y cupones de capital vencidos y la extensión (sus renovaciones por sobre los 360 días), aclaró.
Celi acotó que para completar el análisis integral del endeudamiento, están en proceso tres exámenes, dos de ellos sobre acciones de la banca pública al Banco Central por parte del Ministerio de Finanzas, así como el ingreso, registro y utilización de los recursos provenientes de los contratos de pre venta petrolera.
El tercero está relacionado con las condiciones técnicas, financieras y legales de las operaciones de endeudamiento público.
En su primera reacción ante la entrega del informe, el exjefe de estado sentenció en la red social Twitter:
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