A la orilla de un sembrado de maíz, cuenta, Roberto Guzmán García que cerca del 70 por ciento de estas permanecían infestadas de marabú. Con medios propios y ayuda de la Empresa Integral y de Tabaco de Consolación del Sur, en Pinar del Río, desmontó toda el área.

Obtuvo 11,42 hectáreas (ha) de tierras en usufructo ^[1] por el Decreto Ley 300 en el año 2015. Además, trabaja 40,26 ha que pertenecen al abuelo.

Por medio de un contrato de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Pelayo Cuervo con la Empresa de Desmonte y Construcción pudo acceder a un buldócer, porque «cuando la aroma crece no se le puede entrar con machete», dijo.

Hoy Roberto siembra tabaco, maíz, cultivos varios y frutales y dispone de un área dedicada a la ganadería. No tuvo que pagar ni un centavo por la tenencia de tierras ociosas, pero esta suerte no atañe a todos los campesinos.

Este es, precisamente, el objetivo del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, el cual, más allá de lo tributario, tiene un fin regulatorio. Constituye un mecanismo del Estado para incentivar que los propietarios o poseedores de tierras las tengan en pleno uso, de conformidad con su función social para producir alimentos, según comunicó la Dirección de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en los plegables que sobre este tema fueron distribuidos. Los ingresos recaudados, según detalla el mismo documento, se destinan al desarrollo de los programas agropecuarios del país.

LAS CIFRAS

Belkys Nitza Benítez Llana, jefa del departamento de Control de la Tierra y Tractores, de la Delegación Provincial de la Agricultura en Vueltabajo, informó que el territorio cuenta con 30 219 tenentes de tierra, 3 108 de ellos deben pagar el tributo: 3 021 personas naturales y 87 jurídicas.

El área total ociosa en la occidental provincia es de 33 718,79 ha, 9 801,30 en manos de las personas naturales y 23 917,49 pertenecen a las jurídicas. La especialista explicó que el levantamiento se hizo a partir del Balance de tenencia, uso y legalidad de la tierra 2018.

Confirmó también que las delegaciones municipales de la Agricultura han notificado a cada uno de los tenentes a partir de la Certificación de Explotación de la Tierra en la cual consta la extensión ociosa, su clasificación según la categoría agroproductiva y el importe del impuesto que correspondería pagar anualmente, aunque en esta ocasión solo abonarán cinco meses, de agosto a diciembre.

Cienfuegos, un territorio menor en cuanto a su geografía y patrimonio agropecuario, registró 1 342 tenentes gravados por el impuesto y unas 12 000 ha, cuya suma roza los 500 000 pesos. «No es poca, pero tampoco da un porciento elevado porque en la provincia son 418 000 ha destinadas a los cultivos y la ganadería», apuntó Yodani López Fonseca, jefe del Departamento de Suelo y Control de Tierra.

La mayor parte de estos terrenos en desuso pertenecen a empresas de la Agricultura, algunas de ellas con posibilidades reales de revertir la situación. Es el caso del municipio de Abreus, donde radican los más importantes polos productivos de Cienfuegos. Allí el registro declaró ociosas unas 8 000 ha, la mayor parte del sector estatal, con las tres unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) cañeras del municipio, la empresa agropecuaria Horquita, la empresa Henequenera y la unidad empresarial de base (UEB) Juraguá.

Esta última «con un programa de desarrollo del plátano, al igual que Horquita, la cual también incluye un proyecto con la Empresa Forestal», aclaró Yurisleisys Terry, subdelegada del municipio.

Las causas que provocan la ociosidad de las tierras son diversas, así lo constató en el campo este equipo de trabajo. Prevalecen grandes extensiones aún sin explotar por falta de interés de los tenentes, déficit de maquinaria y recursos materiales y financieros, tanto en personas naturales como jurídicas, y propietarios de avanzada edad sin herederos ni personas que laboren junto a ellos.

¿IGUAL PARA TODOS?

Daisy Chávez Mesa, especialista principal de la tierra, de la Empresa Integral y de Tabaco de Consolación del Sur, explicó que en el caso de su entidad no existen áreas estatales cubiertas de marabú ni ociosas, pues las que poseían fueron entregadas por el Decreto Ley 300.

No obstante, el problema persiste en las tierras en manos de las cooperativas.

«Los usufructuarios tienen interés en desmontar la tierra y hacerla producir y para ello tienen un período de tiempo, buscan alternativas, con cadenas, motosierras, pagan y hacen carbón ^[2] con ese marabú ^[3], no les conviene tener tierras ociosas, porque las ganancias son para ellos.

«Sin embargo, no ocurre así en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las cuales tienen más del 45 por ciento de las áreas cubiertas de marabú, debido a la falta de recursos, de financiamiento y de fuerza de trabajo», especificó.

Agregó que hay quien declara las tierras para fines ganaderos, pero en realidad son ociosas porque no tienen la masa que llevan por hectárea. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, en este municipio, por ejemplo, unos 90 propietarios son personas de la tercera edad y les cuesta trabajo emprender labores de desmonte. En Cienfuegos, no menos campesinos también han vivido más de seis décadas. Con 72 años, Julián Hiberio Sánchez, apenas cultiva poco más de la mitad de sus cinco hectáreas en usufructo, de la Finca Zanoletti, en el Paradero de Camarones, Cruces. Ahora, presionado por el impuesto, plantea que «después que limpie tengo que darle seguimiento de siembra. Hay que ver qué se puede hacer, voy a planificarme de acuerdo a mis posibilidades. Tengo que hacerlo, porque es la única forma que tengo de sufragar las necesidades de mi casa».

Sin embargo, no podemos medir con la misma vara a usufructuarios de mayor y menor volumen de producciones e ingresos. Julio Zenén Rodríguez Quintana, asociado de la Cooperativa crucense de Créditos y Servicios (CCS) Toribio Lima, tiene una idea bien clara: hay que invertir. Cada día se dispone de más de cuatrocientos pesos, —según calcula— en la chapea de los potreros, arreglar las cercas y el salario de los trabajadores.

Si bien se entiende que el pago del tributo constituye un mecanismo para hacer producir la tierra, es preciso puntualizar las condiciones que poseen hoy las CPA para lograr dicho objetivo.

En este sentido, Silvia Rosa Morejón Fernández, presidenta de la CPA Alfredo Yaburt, también de Consolación del Sur y dedicada fundamentalmente al cultivo del tabaco de sol ensartado y Burley, refirió que «la razón por las que las cooperativas hoy tienen tanta tierra con marabú es muy sencilla: fueron creadas en el año 1978, cuando se les asignó toda la maquinaria, el transporte y demás. Hoy esa maquinaria está envejecida; no cuentan con nada; ni con un buldócer y la aroma es muy agresiva. En la medida que pasa el tiempo no la puedes eliminar con machete», dijo.

Jorge Luis Suárez, especialista de Cultivos varios de la Empresa Pecuaria El Tablón, en Cienfuegos, explicó que allí las CPA enfrentan la situación más sensible, atadas de manos para hacer producir la totalidad de sus terrenos.

Ante este contexto, la producción de la cooperativa fue en declive, y la deuda con el banco creció: «Tenemos hoy una deuda de alrededor de 5 000 000 de pesos. En un momento se nos dijo que nos iban a capitalizar, pero eso todavía no se ha resuelto», explicó la presidenta de la CPA Alfredo Yaburt.

«A ello se le suma que los trabajadores se van porque no están motivados. No puedes aplicar la vinculación al área y entonces los trabajadores no tienen resultados financieros; les pagas la mensualidad y al final de cosecha no reciben nada. ¿La solución? Se van con el campesino que les paga 80 pesos diarios».

Con semejante escenario es complicado para las cooperativas hacer producir las tierras que hoy permanecen ociosas: «¿Cómo nos desarrollamos? No tenemos ayuda. Yo voy a la empresa pero no me pueden dar nada, porque ellos tienen su capital y prestan servicios. Estoy pidiendo un buldócer para desmontar una parcela para semillero; tengo la tierra que es virgen, buenísima, y no puedo hacerlo por falta de maquinaria».

Aunque la imposición del gravamen trata de incentivar la producción agroalimentaria del país, bien pudiera revertir en nuevos conflictos. La negación al pago del impuesto y la entrega del usufructo también ha sido una opción para quienes aún no comprenden o aceptan la medida.

«En la asamblea con los socios explicamos las razones, pero no todos entendieron, expresó la Presidenta de la CPA pinareña. La mayoría se cuestionan por qué tienen que pagar por una tierra que es patrimonio de la CPA, y que si no la hacen producir es porque no pueden hacerlo sin recursos, financiamiento, y mucho menos sin fuerza de trabajo».

Para Ángel Ramírez Clavero, presidente de la CCS Camilo Cienfuegos, en El Guajiro, Cumanayagua, «puede que algunos respondan, pero tal vez otros lo que hagan sea dejar la tierra, porque no van a estar pagando si no pueden llegar a limpiarla en su totalidad. Sin una respuesta con todos los medios necesarios seguirán costeando chapeas de aroma. Es casi imposible, las producciones nunca les darán lo que invierten», plantea.

La renovación de la fuerza productiva también lacera la vitalidad de estas entidades. Alega Silvia Rosa Morejón que en el entorno de la CPA viven un número importante de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que tampoco se vinculan a la cooperativa porque no tienen un incentivo. «Por ejemplo, hubo un tiempo en el que se nos pagaba la divisa por el plan de siembra y el cumplimiento del plan de quintales. En ese momento se nos insertó personal.

«Después nos quitaron la divisa. Hoy por hoy las escogidas la cobran, los centros de enterciar también, la empresa, todos menos las cooperativas. Ahí mismo los que estaban insertados se nos fueron. En la actualidad son muy pocos los jóvenes que trabajan con nosotros».

Situaciones diferentes presentan las empresas Agroindustrial Enrique Troncoso y la de Tabaco San Luis, las cuales también poseen extensiones ociosas, pero por distintas situaciones.

En el caso de la primera, con un área total de 16 143,83 ha distribuidas entre los municipios de Sandino, Consolación del Sur y Pinar del Río, y dedicadas al cultivo de mango, cítricos, guayaba y piña, más de 5 900 están ociosas, la mayoría de ellas en posesión de los usufructuarios. Mientras, las estatales se destinan a un programa de desarrollo a largo plazo que pretende incrementar la actividad citrícola, en un plazo hasta 2020, a partir de un crédito extranjero.

Fernando Herrera Díaz, director adjunto, aclaró que al entregar las tierras en usufructo las personas que las reciben deben precisar el tiempo que demorarán en limpiarlas y hacerlas producir, y los recursos de los que disponen. La Empresa no se los puede facilitar ni tiene potencial para ello.

El recelo está en que poco a poco parte de las tierras en manos de usufructuarios que permanecen ociosas sean devueltas, y el fondo de estas en la Empresa crezca de forma desmedida.

En tanto, el estado actual de la Empresa Pecuaria El Tablón, en Cumanayagua —la mayor en extensión y número de tenentes asociados en Cienfuegos—, no es nada halagüeño. Entre sus granjas fundamentales, El Tablón acumula 1 632,55 ha inactivas desde hace unos tres años, un golpe de unos 30 000 pesos a los fondos de la Empresa, por los primeros cinco meses.

Un pago que, difícilmente, puedan rescindir a corto plazo. Por la localización, estas tierras «no son de interés para nosotros», esclareció el directivo Jorge Luis Suárez. En el caso de Siberia, en El Abra, se ubican en una colina pedregosa, inútil para la ganadería. «En otros años allí radicamos ganado cebú y tuvimos que sacarlo porque los animales se accidentaban, se perdían. Así sucede con las de La Rana y Vista Alegre. Hace más de tres años que no las usamos para nada».

Tabaco San Luis, por su parte, deberá pagar el impuesto por 226,36 hectáreas ociosas que se encuentran dispersas en áreas estatales por todo el municipio sanluiseño. Y deberán hacerlo porque según aseveró la especialista de Control y Uso de la Tierra, Marialina Cruz Báez, la mayoría fue declarada así por estar deficientemente explotada.

Dijo la especialista, además, que estas tierras son parcelas diseminadas entre los límites de propiedades y usufructos.

Explicó que de conjunto con la Dirección Agrícola se toman estrategias para evaluar estas áreas. Resaltó que entre las principales causas que provocan la ociosidad de las tierras está el envejecimiento de los propietarios, la falta de recursos y maquinaria pesada, y el pobre financiamiento en las CPA.

EN DIÁLOGO CON LOS TENENTES

Es cierto que también el abandono de las tierras y la dejadez de las labores de mantenimiento se evidenciaron durante las pesquisas, pero asimismo afloró la falta de medios para ello y las deficiencias en la supervisión de los tenentes por parte de sus organismos rectores.

Al menos en Cienfuegos, la mayoría de los campesinos y directivos de la agricultura coincidieron en resaltar la fluctuación del herbicida conocido como Potrerón. «Este año sí hemos tenido, pero se ha ido potenciando a los productores de alto rendimiento, con un volumen más significativo de tierras y de ganado», puntualizó el representativo de El Tablón.

A pesar de ciertas entradas insuficientes en cuanto a las necesidades, «la inestabilidad persiste», dice Osvaldo Dueñas Trujillo, delegado municipal de Cruces. Aunque «disminuir la ociosidad es un problema de trabajar, limpiar la tierra y organizar el proceso productivo dentro de una finca», como considera Yodani López Fonseca, jefe del Departamento de Suelo y Control de Tierra en la provincia, la disponibilidad logística es básica para tales propósitos y para humanizar el trabajo en el campo. De ahí que a lo largo de todo el territorio sureño su sucedan planteamientos sobre lo imprescindible del líquido para mantener a raya el marabú y la aroma.

La falta de constancia en el mano a mano con quienes están más apegados al surco, emergió en cifras que perfilan infracciones que también inciden en el desuso o empleo deficiente de la tierra. En el contacto con buena parte de los 22 408 tenentes cienfuegueros, se detectaron más de 2 800 ilegalidades, varias de ellas ya erradicadas según afirmó López Fonseca. Tal como se percibió en Pinar del Río, las deficiencias incluyen el incumplimiento o ausencia del contrato de producción, certificos de tenedor inscripto vencidos, carencia del certifico catastral, violaciones de la línea fundamental de producción, abandono de tierras y retraso en los trámites de herencia en caso de usufructuarios fallecidos.

«Nos está faltando el seguimiento estricto del cumplimiento del contrato establecido con el usufructuario, a través del sistema de inspección de la empresa, de gran peso para exigirles a los productores, y montar un nivel de prórroga en dependencia de las posibilidades que tenga cada uno. La provincia tiene un grupo de inspecciones y acciones realizadas, pero todavía son insignificantes y lo ha demostrado el resultado del diagnóstico», reconoce López Fonseca.

Visitar a los productores «al menos una vez al año», como ocurre en la occidental provincia, según estima Daisy Chávez Mesa, especialista de la Empresa Integral y de Tabaco de Consolación del Sur, no es suficiente, cuando se suma el desaprovechamiento de espacios como las Asambleas de Campesinos.

Antes de este censo, en Cienfuegos incluso existían usufructuarios que nunca habían sido visitados, aunque «eso se hace periódicamente». Los más distantes escapan de tal cronograma, confirmó Milagros Balber Pérez, jefa de Departamento de Registro de Control Tierra y Tractores, Delegación Municipal Cumanayagua.

«Tenemos diseñada la estructura para que esa atención funcione bien —apunta Osvaldo Dueñas Trujillo, delegado municipal de Cruces—, pero hay que ser más exigentes con quienes tienen que ir a las fincas. Me refiero a los propios especialistas de la delegación municipal, las formas productivas. Está demostrado que no se está llegando hasta donde hace falta como nos pide la dirección del país».

SIN JUSTIFICACIONES

Desde la implementación del Decreto Ley 300, el 31 por ciento del área agrícola del país fue concedido en usufructo, proceso que ha impactado en el crecimiento paulatino de los niveles productivos sin que todavía la oferta satisfaga la demanda del pueblo, y alejado del autoabastecimiento que se pretende. Hoy, las causas que provocan la ociosidad de las tierras son disímiles, ninguna, por supuesto, explica que permanezcan extensas parcelas sin ser explotadas en la producción de alimentos que tanto necesita el país.

Con esta medida se respalda el lineamiento 43 aprobado por el 7mo. Congreso del Partido y lo que estipula la Ley del Presupuesto del Estado para este año.

El impuesto que grava esta ociosidad deviene mecanismo de control para promover y estimular el aprovechamiento de los suelos, pero urgen miradas críticas y enriquecedoras hacia las condiciones que propician hoy que existan amplias áreas sin utilizar o deficientemente explotadas. De lo contrario, no bastará solo el impuesto para hacerlas producir. Hacia ese propósito se dirigen las nuevas modificaciones a la política para la entrega de tierras ociosas en usufructo.

Preguntas sobre el impuesto

¿Qué grava este tributo?

La ociosidad de tierras agrícolas y forestales.

¿Quiénes pagan?

Personas naturales y jurídicas que posean tierras agrícolas y forestales, sean estas de su propiedad o estatales, que sean declaradas ociosas en el Balance de Uso y Tenencia de la Tierra ^[4].

¿Qué tierras se consideran ociosas?

Las tierras ociosas de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley No. 300/12 y el artículo 175 de la Ley 113 del Sistema Tributario son:

Las que no están en producción agrícola, pecuaria, frutales o forestal, con excepción de las que sea necesario dejar en descanso, con fines de rotación de cultivos; las que estén cubiertas de marabú, malezas o plantas invasoras; las aprovechadas deficientemente; las utilizadas para cultivos o plantaciones no adecuadas a la aptitud de los suelos, que presenten notable despoblación o bajos rendimientos; las dedicadas a la producción pecuaria con baja carga de animales por hectárea.

¿Cuáles son las tierras ociosas no gravadas?

Las entregadas en concepto de usufructo, durante el término pactado en el contrato para poner a producir las tierras; las ubicadas en áreas declaradas protegidas o que se encuentran en proceso de declaración; las que no puedan utilizarse para producciones agropecuarias, forestales y de frutales, debido a razones topográficas o de preservación del medio ambiente y los recursos naturales; las destinadas a la defensa del país o que se encuentren enclavadas en las zonas militares; las que deban preservarse por su relación con hechos históricos o del patrimonio cultural; las situadas dentro de los límites de la zona costera y la zona de protección de las playas; cualquier otra, respecto a la que se disponga alguna prohibición.

¿Cuándo entra en vigor el impuesto?

El pago de este Impuesto es exigible desde el momento en que los propietarios y poseedores de tierras agrícolas y forestales sean notificados por el Ministerio de la Agricultura con la certificación de sus tierras como ociosas. El primer pago se realiza dentro de los 60 días naturales siguientes a recibir la notificación del Certificado de Explotación de Tierras.

(Con información de Juventud Rebelde ^[5])