La defensa señala también que la acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos que son cometidos por terceras personas. Foto: PL.
El pleno de la Cámara chilena de diputados votará el jueves próximo la acusación constitucional contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la represión desmedida contra el movimiento social.
La víspera, la defensa del mandatario presentó ya en la noche el texto con los descargos al secretario de la comisión que revisa la acusación constitucional.
En el documento se desestiman los argumentos expuestos en contra de Piñera, que con calificados de inadmisibles, porque según se alega los hechos que se imputan aun no son investigados y no han sido juzgados.
La defensa señala también que la acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos que son cometidos por terceras personas.
Algunos analistas consideran que es poco probable que prospere la acusación, pues para aprobarla es necesaria la mayoría absoluta de los diputados en la plenaria y que pase al Senado, donde para destituir al presidente se requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores.
Desde la comisión que analiza la acusación el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, advirtió que con este proceso se pretende dejar establecido que ningún Presidente está por sobre la Constitución y la ley.
El 19 de noviembre último, diputados de varios partidos de oposición presentaron la acusación constitucional con el argumento de que en el país se violaron los Derechos Humanos de forma generalizada y reiterada en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre.
Asimismo la comisión parlamentaria ha escuchado numerosos testimonios de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos que refuerzan ese planteamiento.
Esta acusación contra Piñera solo tiene como antecedentes en la historia de Chile los casos de los presidentes Manuel Montt en 1868, la cual fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada pero meses después que dejara la presidencia, y Arturo Alessandri en 1939, que ni siquiera fue admitida.
( Con información de Prensa Latina )
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