En la sesión extraordinaria se examinaron los resultados alcanzados tras el proceso de análisis y discusión por los diputados de los proyectos de ley. Foto: Granma

Encabezado por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, sesionó este martes el Consejo de Estado, previo al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, convocado a partir de este 29 de julio.

En la sesión extraordinaria se examinaron los resultados alcanzados tras el proceso de análisis y discusión por los diputados de los proyectos de ley, previo a su presentación en el Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano; donde fueron enriquecidas estas propuestas de disposiciones normativas a partir del conocimiento y aporte colectivos como parte del proceso legislativo cubano.

En el contexto de implementación de las transformaciones económicas y sociales; los miembros del Consejo de Estado aprobaron tres nuevos decretos leyes. El decreto ley «Modificativo de la Ley no. 118 “Ley de la Inversión Extranjera”», de 29 de marzo de 2014, persigue actualizar las disposiciones contenidas en esta norma jurídica y su Reglamento; a fin de continuar flexibilizando la gestión de las modalidades de inversión extranjera, dotarlas de mayor autonomía y equiparar el tratamiento del destino de las utilidades como está previsto para el empresariado estatal, todo lo cual constituyen incentivos en este tema.

Por su parte, el decreto ley «Derogatorio del Decreto Ley 155 “Sobre el Decomiso de las Mercancías por Violación de las Disposiciones Establecidas en el Registro Central Comercial”», de 28 de septiembre de 1994, toma en consideración que las transformaciones económicas y sociales promueven la actualización del marco regulatorio del Comercio Interior en el país y, en este sentido, se hace necesario derogar el referido decreto ley 155.

Por último, se emitió el decreto ley «Modificativo de la ley no. 59 “Código Civil”», de 16 de julio de 1987; teniendo en cuenta que las transformaciones económicas y sociales aprobadas aconsejan la modificación de determinadas regulaciones sobre los derechos de usufructo y de superficie en interés del desarrollo del país.