“Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas!”, reivindica el expresidente ecuatoriano.
Ecuador está atento hoy ante el posible retorno del expresidente Rafael Correa para cumplir la medida cautelar dispuesta en su contra, tras vincularlo con el presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda. Su presentación, cada 15 días a partir de esta jornada, ante la Corte Nacional de Justiac, fue la sanción aplicada por la jueza Daniela Camacho, durante la audiencia donde el exmandatario quedó legalmente involucrado al caso bajo investigación, denunciado por Balda, sobre su plagio ocurrido en Colombia en 2012.
Los poco más de 13 millones de ecuatorianos participarán hoy del referéndum constitucional y de la consulta popular convocados por el Gobierno, en los que, más allá de las siete preguntas puntuales, estarán en juego buena parte del futuro del Ejecutivo de Lenín Moreno y del devenir del ex presidente Rafael Correa, convertidos en feroces rivales y en fervorosos promotores del Sí y del No, respectivamente.
Este domingo, 4 de febrero, los ecuatorianos están citados a una consulta sobre siete cuestiones en principio de muy diversa índole, que van desde la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos para los funcionarios condenados por corrupción hasta la imposibilidad de volver a concurrir a la Presidencia en caso de haber ostentado ya ese puesto –una medida que parece dirigida específicamente contra Rafael Correa- o la derogación de la Ley de Plusvalía, que grava a las rentas más altas, pasando por la extracción minera o petrolífera o la imprescriptibilidad de delitos sexuales.
A tan sólo ocho meses de iniciado el gobierno del presidente Lenín Moreno, y con la convocatoria al Referéndum y Consulta Popular el próximo 4 de febrero, se confirma el rompimiento del Partido Alianza País y el antagonismo entre el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario.
Sectores políticos de oposición han señalado que la consulta popular es inconstitucional y solo busca destruir el legado político y social de Rafael Correa