Este domingo, 4 de febrero, los ecuatorianos están citados a una consulta sobre siete cuestiones en principio de muy diversa índole, que van desde la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos para los funcionarios condenados por corrupción hasta la imposibilidad de volver a concurrir a la Presidencia en caso de haber ostentado ya ese puesto –una medida que parece dirigida específicamente contra Rafael Correa- o la derogación de la Ley de Plusvalía, que grava a las rentas más altas, pasando por la extracción minera o petrolífera o la imprescriptibilidad de delitos sexuales.

A tan sólo ocho meses de iniciado el gobierno del presidente Lenín Moreno, y con la convocatoria al Referéndum y Consulta Popular el próximo 4 de febrero, se confirma el rompimiento del Partido Alianza País y el antagonismo entre el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario.

Sectores políticos de oposición han señalado que la consulta popular es inconstitucional y solo busca destruir el legado político y social de Rafael Correa

Hace algunos meses alertábamos de las terribles consecuencias de gestionar una economía sin soberanía monetaria y con crisis de cuenta corriente.[1] Los críticos de la política económica de Correa omiten los tres equilibrios sectoriales (fiscal, externo y privado) básicos de cualquier economía, sin advertir que éstos no son sectores autárquicos y que el sector externo es crucial a la hora de entender los ciclos económicos en Ecuador y América Latina.

Glas aseguró ser víctima de una “venganza” de la constructora brasileña y acusó a la justicia de Ecuador de estar cediendo “a la presión política y mediática”, por parte de grupos de oposición.

Las sanciones por parte de la Casa Blanca contra Venezuela se produjeron un día después de la celebración de las elecciones de los integrantes de la Asamblea Constituyente (ANC).