Por Yailin Orta Rivera, especial para la Mesa Redonda ^[1]

Fotos de Roberto Garaicoa

La empresa estatal socialista constituye, tal como expresan los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, la forma fundamental de gestión de nuestro modelo económico. Dotarla de mayor autonomía es un imperativo en aras de elevar sus niveles de eficiencia y competitividad.

En su edición extraordinaria número 21, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó un conjunto de normas que apuntan a la independencia y autonomía de estas. Entre lo actualizado aparecen las modificaciones al Decreto Ley 252 y al Decreto 281 del Consejo de Ministros. Tales cambios son los que rigen el trabajo para las empresas en las que se aplica el perfeccionamiento empresarial, proceso que en estos momentos se actualiza.

Dicha renovación forma parte de la implementación del Lineamiento número 15 que plantea que el Perfeccionamiento Empresarial se integrará a las políticas del modelo económico a fin de lograr empresas más eficientes y competitivas.

Aparecen, además, otras tres resoluciones (aplicables a todas las empresas del país) de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y Finanzas y Precios que establecen las regulaciones en cuanto a la vinculación del salario a los resultados.

Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, apuntó en la Mesa Redonda de este martes que las normas jurídicas aprobadas significan un paso más en pos de separar las funciones estatales de las empresariales, y le permiten a la empresa estatal conducir las transformaciones en medio del proceso de actualización.

Pero este conjunto de normas, sentenció, no son las únicas que inciden en los cambios de la empresa estatal socialista. “Desde la propia implementación de los Lineamientos se han creado las bases para ir dotando a las entidades de mayor independencia en su gestión. Justamente las directivas del Plan de la Economía del 2014 aunaron las decisiones que se vienen tomando en pos del perfeccionamiento de la empresa estatal”.

Entre las demás políticas aprobadas resaltó la referida a la flexibilización de los objetos sociales y al sistema de indicadores directivos para medir el desempeño de las entidades.

La descentralización de funciones, acotó, lleva implícito un incremento de la responsabilidad en la actividad empresarial y una mayor preparación de sus directivos.

“La empresa estatal es una institución que vive para producir, generar servicios, que interactúa… y en ese contexto se están realizando acciones con una incidencia directa en la noción de la empresa. Pero lo que estamos haciendo obedece a un proceso continuado”.

Hizo énfasis además en que hay un hilo conductor en la reestructuración de todo lo que se está haciendo y un grado de interconexión en todas las medidas, así como en que este será un proceso de implementación paulatina.

Otra de las novedades es que se define un sistema de indicadores directivos más concentrado para medir el desempeño de las mismas. A partir de ahora serán siete: las ventas netas totales, las utilidades del periodo, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo y el aporte en divisas, este último, mientras exista dualidad monetaria.

“El Plan de la empresa lo aprueba ahora el Presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), algo que hasta el momento hacía el Ministro del ramo o el Presidente del Consejo de la Administración Provincial, si la entidad es de subordinación local. Esto constituye un cambio fundamental, y por tanto, seguimos en el camino de la descentralización de facultades”

Alejandro Miguel Gil, viceministro de Finanzas y Precios, explicó las nuevas normas vinculadas a esta cartera que determinan el nuevo sistema de relaciones financieras al interior de la organización empresarial, y de esta con el Presupuesto del Estado. También establecen el procedimiento para fijar el precio mayorista de las producciones excedentes, una vez cumplido el encargo estatal.

Se detuvo en que ahora las empresas no aprotarán la depreciación al presupuesto, sino que formarán parte de sus recursos para la reposición de sus activos, al tiempo que subrayó que es una medida que genera una liquidez inmediata en este sector.

En las nuevas relaciones financieras las empresas no tendrán que aportar la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores. Igualmente, podrán retener hasta el 50 % de las utilidades después de impuesto al cierre del año, lo que significa un 20 % más que lo que hasta ahora estaba establecido.

Las reservas que se creen se utilizarán para incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigaciones y capacitación, así como para amortizar créditos bancarios. En este sentido, se incorporan nuevos conceptos: se podrá crear una reserva denominada Fondo de Compensación para cubrir desbalances financieros a nivel de la OSDE y otras para uso específico de la organización superior.

Además, se generaliza para todas las empresas la posibilidad de distribuir utilidades entre los trabajadores como estímulo por la eficiencia económica, siempre y cuando tengan una auditoría financiera con resultados satisfactorios o aceptables en los últimos 18 meses, se cumplan los indicadores directivos y no se deteriore la correlación ingreso medio productividad.

También refirió que la empresa, una vez que cumpla con su encargo estatal, podrá vender las producciones que constituyen excedentes  o inejecuciones al precio fijado a partir del conecto de relación entre la oferta y la demanda.

Entre los cambios se encuentra además, que la empresa reduce sus aportes al presupuesto del Estado. Insistió en que con esto no se reducen los niveles de ingreso al presupuesto ni que constituye un sacrificio fiscal. Con las flexibilizaciones en lo que se ha dado en llamar el objeto social, y con los pasos que se irán dando gradualmente a partir de 2014, comienza a transformarse la relación dependiente de la empresa estatal con el Presupuesto: aquello vigente hasta hoy de que la primera le entrega todo al segundo, y después se lo pide todo. Ya en el Plan del 2014, las empresas estatales se quedarán con la amortización y con el 50 por ciento de sus utilidades después de impuesto.

Igualmente hay un cambio en la concepción del presupuesto de las empresas, que antes lo recibían desagregado por parte del organismo superior. “Ahora la relación del presupuesto no transita por los organismos. Los sistemas empresariales son titulares de presupuestos y el Ministerio de Finanzas y Precios tendrá una relación directa con estas estructuras. Hemos creado estructuras que serán las encargadas de esta interacción”.

Con las directivas del Plan 2014 se eliminaron las restricciones administrativas para la formación del salario en el sector empresarial. Las empresas podrán distribuir el salario hasta el límite de sus posibilidades económicas y financieras y hasta tanto no sobregiren el gasto de salario por peso por valor agregado bruto planificado. Con estos preceptos se aprueban los sistemas de pago, por las propias empresas en caso de que ellas se encuentren en perfeccionamiento empresarial y por las OSDE para el resto.

María Molina, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hizo alusión a las formas de pago. Dijo que los efectos del salario tienen que estar respaldados por un incremento en la producción de bienes y servicios.

Argumentó que se pueden incrementar las condiciones, a partir de estas nuevas normativas, para aumentar los ingresos, y que obedezcan a los resultados. Por ello se ha previsto perfeccionar los diseños de vinculación, porque ahora se decentraliza la facultad, a nivel de la organización superior de dirección, para fijar las nuevas relaciones salariales.

Estas normas exigen para su implementación de un mayor control por parte de los que la aplican, en primer lugar. En el caso de la Resolución que tiene que ver con los sistemas de pago, prevé como parte de su diseño el control, aspecto a tener en cuenta desde ese momento inicial.

“Una de las ventajas en relación con la Resolución No. 9 es que se lleva con más rigor la planificación de las formas de pago. Desde el momento en que estamos elaborando el plan, hay una mayor exigencia. Por otra parte, cuando el sistema se diseña y se incluye la definición de los mecanismos de distribución, esto se acuerda con la organización de los trabajadores. Su participación también se tiene en cuenta para otras cuestiones como la definición del salario base. Incluso la norma prevé que la distribución esté en correspondencia con el aporte individual y colectivo”.

Compartió que se han hecho diferentes acciones por parte del Ministerio de Trabajo, de conjunto con otros organismos, para capacitar a los cuadros y técnicos en esta temática.

“No obstante, la realidad nos dice que la aplicación de la forma de pago por rendimiento a destajo no es la mayoritaria en el sistema empresarial. Este es un hecho que debemos ir transformando de cara a los objetivos que nos plantean las nuevas regulaciones y la implementación de los Lineamientos de manera general”.

Grisel Tristá precisó que actualmente se está produciendo un proceso natural de generalización del perfeccionamiento empresarial, y así se previó en los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido. Se está creando un lenguaje único a nivel empresarial, pero como concepto se mantiene el perfeccionamiento. Mientras se aplica en aquellas entidades que cumplan los requisitos, paralelamente se va creando un ambiente de gestión empresarial único para todas las empresas del país.

La Mesa Redonda dedicó su emisión sobre las nuevas facultades otorgadas a la Empresa Estatal Socialista, las nuevas regulaciones financieras, la vinculación del salario con los resultados y otros temas de interés con la participación de importantes directivos.

Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, apuntó que las normas jurídicas aprobadas significan un paso más en pos de separar las funciones estatales de las empresariales.

Alejandro Miguel Gil, viceministro de Finanzas y Precios, explicó las nuevas normas vinculadas a esta cartera que determinan el nuevo sistema de relaciones financieras al interior de la organización empresarial, y de esta con el Presupuesto del Estado.

María Molina, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hizo alusión a las formas de pago. Dijo que los efectos del salario tienen que estar respaldados por un incremento en la producción de bienes y servicios.

En las nuevas relaciones financieras las empresas no tendrán que aportar la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores.