La aparente impunidad del vigilante Geoge Zimmerman en la muerte del adolescente Trayvon Martin deri los ciudadanos de Florida el derecho a disparar a cualquier persona percibida como una amenaza a su seguridad en un lugar público.
Hace siete años, los propietarios de armas en Florida sólo estaban autorizados a disparar contra personas a las que percibían como una amenaza si éstas invadían sus hogares o propiedades, pero esa norma se amplió al ámbito público.
Sus detractores sostienen que la ley habilita a los ciudadanos, en caso de una simple discusión, “a disparar primero y preguntar después”.
La ley establece que “no se puede arrestar a nadie a menos que se determine que hubo una causa probable de que el disparo fue ilegal”, afirmó la policía de Sanford en su intento por justificiar la ausencia de detención y acusación contra Zimmerman, quien disparó a Martin cuando caminaba encapuchado bajo la lluvia hacia la casa donde se encontraba su padre.
Un sondeo realizado por el grupo de medios Tampa Bay Times de Florida, divulgado el viernes, determinó que en los primeros cinco años de la entrada en vigor de esta ley, se invocaron 93 veces “homicidios justificados”, pero en el último año y medio se han sumado al menos 37 más.
Estas cifras muestran que se triplicaron las muertes por defensa propia según los registros en el Departamento de Seguridad Pública de Florida.
Sus defensores sostienen que la ley está funcionando al permitir a los ciudadanos protegerse de cualquier daño sin preocuparse por la legalidad durante el ataque.
La interpretación de esta ley provocó que el pasado 26 de febrero Zimmerman quedara libre, cuando al lado del cuerpo de Martin, un chico negro de 17 años, justificó sus actos argumentando que estaba siendo atacado.
Pero la divulgación la semana pasada de las llamadas al teléfono de emergencia 911, donde no se revela ataque alguno, ocasionó la ira de la sociedad ante un caso confuso, donde se sospecha que imperó el prejuicio racial.
Cuando la policía llegó al lugar del incidente, Zimmerman tenía sangre en la cara. Los oficiales no practicaron más indagaciones ni realizaron exámenes de alcoholemia o drogas, como indicaría un procedimiento de rutina en un hecho similar.
(Con información de AFP)
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