Con 1402 muertes, abril se ubicó como el mes más violento del cuatrienio en México, informó este domingo el diario Milenio.

Tal cifra representa 80 más fallecidos que agosto de 2010, período que registró el anterior récord.

El 24 por ciento de las víctimas del mes pasado fue encontrada en fosas clandestinas, entre ellas, 185 cadáveres en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, y 102 en Durango; el resto se localizó en Sinaloa, Nuevo León, Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con el reporte periodístico, los cuatro estados con mayor índice de violencia en abril fueron Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Durango, los cuales rompieron sus máximos de ejecuciones para un mes en el 2011.

Según el recuento de Milenio, en lo que va de año la cifra de muertos por el crimen organizado asciende a 4741, de ellos 450 fueron exhumados de cementerios clandestinos.

En medio de estos desfavorables resultados, se registra una crisis en el gabinete de seguridad del Gobierno con varias renuncias de altos cargos, relacionada con las acciones de enfrentamiento al crimen organizado, según el periódico Vanguardia.

Los almirantes Wilfrido Robledo Madrid y José Luis Figueroa, titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Centro Nacional de Planeación, así como Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), respectivamente, presentaron su dimisión esta semana, un mes después que lo hiciera el procurador Arturo Chávez.

Vanguardia cita una fuente de primer nivel que no identifica, la cual refiere que el posible motivo de las renuncias son las contradicciones entre los mandos de instituciones involucradas en la ofensiva contra los cárteles.

Robledo entregó a colaboradores de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, un análisis de la corporación en el que señala sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, según Radio Fórmula.

El periódico La Jornada difundió el diagnóstico elaborado por el titular de la AFI, en el cual señala que en la corporación existen “falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos y una reducción considerable del estado de fuerza”.

Dicho documento señala también que la institución enfrenta falta de credibilidad por el crecimiento y desarrollo del crimen organizado, además de “desmotivación del personal y desinterés en su función social”.

(Con información de La Voz del Sandinismo)