Estudiantes chilenos entregaron este lunes una contrapropuesta de diálogo en la que exigen al gobierno de Sebastián Piñera “garantías” para conformar una mesa de trabajo, en un crucial paso para destrabar el extenso conflicto estudiantil que ha remecido a la sociedad chilena.

Después de rechazar un cronograma de trabajo planteado hace una semana por el gobierno, lo que representó un portazo a la cuarta propuesta de diálogo entregada por el Ejecutivo para destrabar el conflicto, los estudiantes entregaron un documento en que plantean cuatro “condiciones mínimas” para acceder al diálogo.

“Quisimos explicar que no se trata de poner ‘pistolas en el pecho’, sino de condiciones mínimas”, explicó uno de los dirigentes estudiantiles, Patricio Contreras, tras entregar en el Ministerio de Educación una carta con sus peticiones.

“Esperamos que en el más mínimo plazo el gobierno nos entregue una resolución acerca de las garantías que hemos planteado”, agregó el dirigente.

“Necesitamos garantías para iniciar el diálogo, ojalá la respuesta sea positiva porque son requerimientos simples y de sentido común”, expresó por su parte Camila Vallejo, la más reconocida de los dirigentes estudiantiles chilenos.

Como primera condición, los estudiantes exigen al gobierno que suspenda la tramitación en el Congreso de los proyectos sobre educación enviados recientemente sin antes haberlos sometido a la discusión con los estudiantes.

Los proyectos rebajan de 5,6% a 2% los intereses de un crédito privado avalado por el Estado al que recurren hoy los universitarios para pagar los aranceles, y permiten la recaptación para unos 110.000 alumnos morosos.

Los estudiantes exigen además asegurar la transparencia del proceso de negociación -a través de la transmisión televisiva del diálogo-, postergar el plazo para cerrar el primer semestre académico -que vence el 7 de octubre- y congelar la entrega de fondos fiscales a universidades privadas para 2012.

Las condiciones surgen de la profunda desconfianza de los estudiantes sobre las autoridades, incrementada por la forma en que finalizó el anterior conflicto estudiantil de 2006, con la conformación de una comisión de trabajo que generó una nueva ley de educación que finalmente no acogió sus principales demandas.

“Hoy día no están las condiciones para cometer esos mismos errores”, señaló Contreras, recordando aquel conflicto, liderado esa vez por estudiantes secundarios que al igual que ahora exigieron el fin del lucro en la educación chilena.

Después de cuatro meses de movilizaciones que han reunido a cientos de miles de personas a lo largo de todo Chile, remeciendo a la sociedad chilena tras dos décadas de letargo, el conflicto estudiantil afronta un momento crucial para capitalizar el éxito de su convocatoria.

Unos 250.000 escolares y cientos de miles de universitarios se mantienen hoy sin clases y están a las puertas de perder el año lectivo, mientras que varias universidades afrontan una crítica situación económica, al estar paralizado también el pago de los aranceles por parte de los alumnos.

Los estudiantes reclaman por los altos costos de la educación superior en Chile y exigen avanzar hacia la gratuidad, en un país que cuenta con uno de los sistema educativos más privatizados del mundo tras las reformas neoliberales aplicadas por la dictadura de Augusto Pinochet, que redujeron a menos de la mitad el aporte público a la educación y fomentaron la participación del sector privado.

Producto de ello, hoy sólo un 40% de los escolares chilenos estudia en colegios públicos gratuitos, mientras casi un 50% lo hace en establecimientos privados pero que reciben aportes del Estado. El resto, una elite de cerca del 10%, estudia en colegios totalmente privados.

A nivel superior, con una matrícula de casi un millón de estudiantes, no existe la gratuidad, ni en las universidades públicas ni en las privadas, que ofrecen créditos con un alto interés para financiar la carrera.

(Con información de AFP)