La Justicia chilena resolvió hoy sin necesidad de un juicio el caso de los tres soldados bolivianos acusados de ingreso ilegal y con un arma de guerra a Chile, los cuales tienen previsto regresar en las próximas horas a su país.

En una audiencia celebrada hoy en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (norte de Chile), los tres soldados, Alex Choque, Augusto Cárdenas y José Luis Fernández, aceptaron una solución alternativa al juicio acordada por la Fiscalía y la defensa, que supone la suspensión condicional del procedimiento.

La suspensión condicional implica que después de un año, si no hay hechos nuevos y los soldados, de edades entre 18 y 20 años, cumplen con el requisito de no volver a Chile en ese plazo, la causa será sobreseída, explicaron fuentes del caso.

Según las partes, los tres reclutas viajarán hoy mismo a Bolivia, donde el Gobierno, que los definió como “rehenes políticos”, les prepara un gran recibimiento.

Con esta solución, el caso de los soldados, que hizo elevar la tensión entre Chile y Bolivia desde su detención el 25 de enero, puede quedar zanjado, aunque todavía hoy siguió el cruce de palabras entre ambos Gobiernos.

Mientras el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en La Paz que el gobierno de Chile debería pedir “perdón” a los tres soldados, el canciller chileno, Alfredo Moreno, instó a las autoridades bolivianas a que instruyan a sus militares para evitar nuevos cruces ilegales de la frontera.

“Ésto no puede volver a suceder. También tuvimos 14 soldados, anteriormente, en condiciones similares, y la responsabilidad recae sobre las autoridades bolivianas, que deben instruir a sus soldados, a sus policías, sobre la ubicación del límite y proveerles toda la capacitación e instrumentos para que no traspasen la frontera de nuestro país”, recalcó.

Moreno remarcó además que este caso podría haberse solucionado mucho antes “si las autoridades de La Paz hubiesen tenido la voluntad de colaborar con el cierre del proceso”.

El presidente Morales, que calificó la solución lograda hoy de “triunfo de la dignidad del pueblo boliviano”, volvió a señalar que la detención de los soldados fue “injusta”, porque, según él, cruzaron inadvertidamente la frontera persiguiendo a unos contrabandistas de automóviles.

En Pozo Almonte, tanto el juez del caso, Rodrigo Hernández, como el Fiscal jefe de la región de Tarapacá, Manuel Guerra, se felicitaron por la solución hallada y destacaron la independencia con que actuó la justicia chilena en este sonado caso.

“Debo destacar que en todas las actuaciones seguidas ante este tribunal, en todas, tanto en ésta como en cualquier otra causa, jamás se ha recibido presión, opinión o influencia alguna de otro poder del Estado, sea la autoridad política administrativa, legislativa o de los superiores jerárquicos”, dijo el juez.

En el caso “no intervino ningún otro poder del Estado”, ni siquiera la Fiscalía Nacional, “que carece de facultades para dar instrucciones particulares a los fiscales regionales”, afirmó por su parte el fiscal Guerra a los periodistas.

El fiscal jefe de Tarapacá subrayó que la salida acordada “no significa que los hechos investigados no sean constitutivos de delito”, pero las posibles penas “tenían un efecto similar al de la suspensión, que es la salida de ellos del territorio chileno”.

En ningún caso “se exponía alguno de ellos a una pena con privación de libertad”, aseguró Guerra.

“Para no extender este proceso por al menos 60 días, nos pareció que tomar esta decisión, que se ajusta a la legalidad, era lo más conveniente”, concluyó.

El pasado 25 de febrero a los soldados Choque y Cárdenas se les había ofrecido la misma solución que hoy aceptaron, pero la rechazaron y optaron por afrontar un juicio oral.

Fernández, que cuando fue detenido portaba un fusil, rechazó la oferta inicial de un juicio abreviado que se resolvería con una pena suspendida.

Desde el 25 de febrero los tres soldados quedaron en libertad con medidas cautelares, con firmas semanales en una comisaría Choque y Cárdenas, y Fernández además con arresto domiciliario nocturno.

De haber aceptado esa primera oferta de la Fiscalía, los tres habrían podido regresar a Bolivia ese mismo día.

(EFE)