El Decreto-Ley 133, publicado el pasado 2 de septiembre en la Gaceta Oficial, flexibilizó las competencias de los actores económicos no estatales, al reducir requisitos y trámites, ampliar las posibilidades de contratación y permitir una mayor diversificación de actividades. La entrada en vigor de estas disposiciones abre una nueva etapa para el sector, cuyos principales cambios y posibilidades fueron explicados este miércoles en la Mesa Redonda por Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (Inaene).

La actualización del marco regulatorio para los actores económicos no estatales constituye uno de los pasos más relevantes dentro de las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país. Así lo explicó Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales

Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del Ministro de Finanzas y Precios que establece el “Procedimiento para la atención, supervisión y control de la actividad de Teneduría de libros, que realizan o ejercen los Trabajadores por Cuenta Propia, y otras Formas de Gestión No Estatal.

En un paso que marca una nueva etapa en la transformación del sistema empresarial cubano, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, explicó en la Mesa Redonda los fundamentos, objetivos y retos del Decreto-Ley 114, una norma que abre el camino a la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales. La disposición —publicada recientemente— no surge de manera aislada, sino como resultado de un proceso gradual de actualización del modelo económico cubano.

Durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que las nuevas disposiciones buscan crear condiciones para que los cubanos que viven fuera del país puedan involucrarse de manera más directa en actividades económicas dentro de la Isla.

El término de pago de las obligaciones tributarias, de personas naturales y jurídicas, se extiende hasta el 31 de octubre de 2024, debido a la situación excepcional que vive el país, marcada por la emergencia energética y por el paso del huracán Oscar por las provincias orientales, que han provocado severas afectaciones materiales y a infraestructuras de comunicación y redes eléctricas.