El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la marcha de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, al cumplirse el primer mes de su puesta en práctica. En su intervención, explicó que el proceso avanza en un escenario marcado por el recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra Cuba, lo que, afirmó, ha incidido de manera directa en la vida económica y social del país.

Este jueves continúa el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura que analizará dentro de las propuestas legislativas la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, la Ley de la Vivienda, el Código del Trabajo y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, normas que forman parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico cubano.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó ante el VII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, que la ejecución de la Ley 181/2026 Del Presupuesto del Estado para el año 2026 presenta, al cierre del primer semestre, resultados superiores a los previstos en varios indicadores, aunque persisten retos relacionados con la recaudación tributaria, la evasión fiscal y la ejecución de determinados gastos.

El marco legislativo del nuevo proyecto de Ley de la Vivienda, previsto a aprobarse en la Asamblea Nacional del Poder Popular luego de su debate popular, se concibe código de protección social, un blindaje jurídico para quienes, por razones de edad, discapacidad, violencia de género o precariedad económica, corren el riesgo de quedarse sin techo o ser despojados de su hogar.

El proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, publicado este lunes en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, propone una reestructuración del aparato administrativo cubano con el propósito de lograr una gestión más eficiente, racional y coherente con los principios establecidos en la Constitución de la República.