La Mesa Redonda de este jueves dio seguimiento a lo acontecido en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en su última jornada, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno coincidieron en significativos acuerdos que pautaron en la Declaración de La Habana, un documento que reafirma la voluntad común de ser una sola voz en los aspectos más estratégicos para la región.
La jornada del 29 de enero en La Habana tuvo una significativa connotación, ya que inició con la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, basada en los principios internacionales y en los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. El Presidente cubano Raúl Castro tuvo a su cargo la expresión de tan especial acuerdo durante la II Cumbre de la Celac.
No hay noticia más contundente en estos días en la región latinoamericana y caribeña que la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), lo que pone a Cuba en el centro de todos los escenarios mediáticos. Se trata de uno de los eventos más trascendentales de esta parte del mundo, en el que la unidad y la complementariedad, sin el tutelaje de ninguna nación imperial, han sumado a nuestros pueblos en el propósito común de vivir nuevas dinámicas bajo las lógicas de la concertación y el apoyo mutuo.
La solidaridad, ese valor que distingue a la especie humana, se convirtió, con el triunfo del primero de enero, en uno de los rasgos principales de la sociedad cubana. Esa dimensión, que alcanzó una expansión singular, dio a Cuba un carácter especialísimo como nación, y la puso además más cercana al mundo desde un plano trascendental.
La Ley 113, atemperada a la actualización del modelo económico cubano, tiene un diseño basado en la necesidad de garantizar la recaudación de un respaldo financiero que apuntale los gastos sociales a los que en Cuba se destina más de la mitad de los gastos corrientes del Presupuesto del Estado.
La Ley 113 del Sistema Tributario, que entró en vigor en enero de 2013, con vistas a garantizar que los aportes monetarios sean suficientes para respaldar las decisiones de gasto social, además de mantener el déficit en rangos sostenibles para la economía, continúa aplicándose en Cuba de forma gradual y sostenida.